¿Impunidad municipal?

La no aplicación de sanciones a los funcionarios municipales de elección popular, alcaldes, regidores y síndicos es un tema que trae consigo dimes y diretes entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República. 

La disputa por quién debe ejecutar los castigos que no impliquen retiro de credenciales, es decir, amonestaciones y otras sanciones, no es nueva y ha mantenido a ambas autoridades en un limbo jurídico que genera impunidad.

¿Por qué impunidad? Porque mientras se tiran la pelota, lo cierto es que muchos procesos administrativos contra estos trabajadores quedan en nada ante la falta de ejecución.

El TSE aduce que no le corresponde más que quitar credenciales, en palabras sencillas, la licencia de ejercicio del puesto de elección popular, y el ente contralor aduce que tampoco puede jalarles el mecate a esas personas porque la ley no lo especifica así.

La Contraloría interpreta que quien puede lo más puede lo menos, o sea ¿si anula la potestad de ejercer el cargo cómo el Tribunal, la máxima autoridad electoral costarricenses, no puede sancionar?

Parece una broma que esto ocurra en Costa Rica, es aterrador saber que llevan años en la misma discusión y que por tal motivo más de un alcalde, regidor o síndico se hace la vista gorda ante irregularidades que ameritan una sanción.

Qué fácil es estar diciendo “a mí no me toca eso o esto” cuando lo que está de por medio es la democracia, y si bien vivimos en un Estado de derecho que ampara a quienes se someten a procesos administrativos o judiciales, lo cierto es que esa falta de certeza jurídica lo único que provoca es alcahuetería.

Quién no recuerda a los alcaldes que usaron el auto discrecional para ir a motelear, el alcalde que fue detenido por tener en su poder material pasadito de tono o aquellos que hacen uso indebido de viáticos, aquellos que contratan familiares en sus ayuntamientos. De todo hay en las municipalidades y aquello que no amerita el castigo máximo termina en nada.

Para ser sinceros, esa carencia de claridad respecto a quién debe sancionarlos deja en estado de indefensión a los ciudadanos, pero además es una bofetada al sistema democrático, pues si aquí nadie se amarra los pantalones o las enaguas y llama a cuentas a los electos, ¿entonces en qué estamos?

Quiere decir que cualquiera puede burlarse del sistema, al fin y al cabo nada pasa, pues no hay una entidad que tenga potestad para tomar acciones menores, situación que a todas luces es absurda. 

¿Qué procede para que este error, para llamarlo de alguna forma, se corrija con inmediatez? Pues para nadie es un secreto que hay municipalidades donde los altos funcionarios son los reyes con corona y castillo, más si saben que existe tal vacío legal.

El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, se ampara en una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo para asegurar que las sanciones no les corresponden.

¿Entonces quién debe aplicar las sanciones? Porque debe existir un órgano que las ejecute. ¿Quién les responde a los costarricenses que votaron por una persona a la que nadie sanciona, pese a cometer irregularidades en su función?

Costa Rica no merece este grado de impunidad, mucho menos que dos instituciones estén tirándose la pelota y que los sancionados sigan en sus puestos sin recibir ningún castigo.