El diputado del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, presentó un proyecto de ley que busca que los deudores de la pensión alimenticia puedan salir del país, aún sin la autorización del acreedor, por cuestiones de salud justificadas.
El proyecto se tramitará bajo el expediente 24.815 y pretende una reforma al artículo 261 y la adición de un artículo 261bis del Código Procesal de Familia.
Esta modificación para que exista la posibilidad de que la persona deudora alimentaria pueda presentar un proceso judicial para que un juez de Pensiones Alimentarias le autorice la salida del país, por razones justificadas y debidamente acreditadas.
El proponente aclara que, la autorización aplicaría si el deudor tiene al menos 2 años de tener pensión alimentaria judicializada y no haber incumplido ningún pago mensual.
“Esta restricción, en la que no aplican excepciones, representa en muchos casos un impedimento para que el deudor pueda salir del país, y ha ocasionado, por ejemplo, que muchos de ellos no puedan acceder a intervenciones médicas que solo se brindan fuera de Costa Rica, poniendo en riesgo su salud, su calidad de vida y hasta la vida misma”, manifestó Alvarado.
Conferencia de prensa de presentación de iniciativa, en Asamblea Legislativa. Foto: Mauricio Aguilar.“En otros casos, obligados alimentarios han perdido oportunidades de empleo pues debían cumplir con alguna tarea o responsabilidad fuera del país. Otros, han visto impedida la posibilidad de aprovechar una beca de estudios o capacitarse en el exterior por la arbitrariedad de esta norma”, sumó el proponente de la reforma.
¿Qué dice la ley actual?
Actualmente, el artículo 261 del Código Procesal de Familia, establece lo siguiente:
- Si un hombre o mujer paga pensión alimentaria y necesita salir del país, únicamente puede hacerlo con la autorización de la parte acreedora, o bien pagando por adelantado la pensión de 12 meses, más el aguinaldo y el salario escolar.
“Con esta propuesta, no se debilita la garantía del cumplimiento del deber de manutención, y a la vez, procura la salud y la estabilidad económica del obligado, permite que la persona deudora pueda crecer profesionalmente, aumentar sus ingresos, y hasta ascender en su trabajo, lo cual puede ser beneficioso para los menores de edad y estudiantes que disfrutan de este derecho”, agregó Alvarado.
En la redacción de la iniciativa participó la Fundación de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO).
“Conocí el caso de un hombre que perdió su pierna, y no pudo acceder a una prótesis en México porque no lo dejaron salir por esta restricción. (…) Esto solo demuestra que temas ideológicos se han metido en este tipo de leyes, y queremos cambiar eso”, finalizó el diputado de Nueva República, luego de presentar el proyecto.
