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El Gobierno de la República impulsó una iniciativa cuyo propósito es retribuir económicamente a aquellos funcionarios que denuncien actos de corrupción.
El plan, que presentaron en la atención semanal del Consejo de Gobierno las autoridades, pretende pagar a quienes se dediquen a alzar la voz contra los actos que riñen con la legalidad.
Una de las dudas que surgieron sobre la iniciativa y que a la fecha no está clara es si existe un monto máximo a pagar, puesto que el proyecto de ley aún no es liberado.
No obstante, la recompensa económica se entregará al funcionario cuando la sentencia adquiera firmeza.
Eso sí, entre las condiciones planteadas figuran cuando se condene por un delito cuya pena de prisión en abstracto sea superior a 4 años, así como también que la información brindada por el denunciante sea clave para identificar el delito.
TEMOR A REPRESALIAS
Rodrigo Chaves, presidente de la República, enfatizó que el Poder Ejecutivo debe garantizar la protección a los denunciantes y los testigos en los actos de corrupción.
Acotó que existe una preocupación sobre las represalias cuando se presentan denuncias o se generan rendiciones de testimonios como factores que inhiben a denunciantes.
El mandatario agregó que, de acuerdo con estudios a nivel nacional, se identificaron planteamientos para solventar estas acciones.
“El Gobierno de la República no solo realiza acciones concretas para cumplir con el compromiso ante el pueblo costarricense de luchar contra la corrupción, cuidar las finanzas del Estado, preservar los bienes públicos y llevar transparencia a la administración, sino que también cumplimos con los compromisos internacionales que como país miembro de la OCDE hemos adquirido para proteger a la ciudadanía cuando realice denuncias por actos de corrupción cuyo alcance puede ser nacional o transnacional”, finalizó Chaves.
El proyecto de ley será presentado en las próximas horas a la Asamblea Legislativa.