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El sector de la economía social solidaria (cooperativas, sindicatos y asociaciones de desarrollo) impulsa un proyecto de ley para generar y financiar “proyectos socioproductivos” que generen empleo y desarrollo en las comunidades.
La iniciativa (expediente 21.970) la impulsa la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco) y se discute en la Comisión Especial de la provincia de Alajuela.
DIARIO EXTRA conversó con el presidente de Conadeco, Daniel Quesada Mora, quien explicó que la propuesta surge como una alternativa de los sectores sociales ante la crisis que vive el país producto de la pandemia del Covid-19.
Quesada enfatizó que el proyecto no busca crear más burocracia como se ha querido señalar, sino que por el contrario establece un mecanismo para el uso de recursos públicos que, más allá de un asistencialismo económico, permitan generar nuevas fuentes de empleo y desarrollo comunal.
CREAR UN FONDO
¿Por qué potenciar el desarrollo local y el empleo por medio de las asociaciones de desarrollo? Según explicó Quesada, a diferencia de una cooperativa, en las asociaciones de desarrollo las utilidades no se reparten entre los socios, sino que esas ganancias quedan en la misma comunidad.
Puso como ejemplo casos exitosos como el desarrollo turístico que se ha establecido en la Fortuna de San Carlos a partir de asociaciones de desarrollo, o bien en Oreamuno de Cartago, donde una asociación produce minivegetales y genera empleo, o en Barva de Heredia con otra que tiene un balneario.
El problema, enfatiza Quesada, es que hoy la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) carece de los recursos para financiar todos los proyectos productivos que generen empleo local.
Recordó que la Ley 3859, “Sobre el Desarrollo de la Comunidad” establece que Dinadeco debe recibir el 2% de lo recaudado del Impuesto de la Renta, pero ese porcentaje nunca se ha otorgado.
Según datos oficiales de Dinadeco, para el 2018 el 2% de dicho impuesto significó poco más de ¢29 mil millones, pero a la institución se le trasladó ¢11.415 millones, es decir un 38%.
Para el 2019, el porcentaje alcanzó más de ¢34 mil millones, pero Dinadeco volvió a recibir solamente ¢11.415 millones.
Para el 2020, el monto recibido suma ¢10.916 millones.
Esta diferencia de recursos, insiste Quesada, imposibilita que Dinadeco financie proyectos productivos.
Señaló que, en 2019, las 3.800 asociaciones de desarrollo de todo el territorio nacional presentaron 320 proyectos a Dinadeco, muchos de desarrollo productivo, que si se hubieran financiado en su totalidad requerían al menos unos ¢40 mil millones.
Pero hoy Dinadeco toma los recursos públicos que recibe y los divide en dos partes. Es decir que para el 2020 apenas dispone de ¢5.458 millones para financiar proyectos, mientras que la otra mitad debe distribuirla entre todas las asociaciones legalmente constituidas, resultando que cada una reciba cerca de ¢2,3 millones.
Esa es la razón por la que Conadeco impulsa crear un “Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local” que permitirá financiar directamente los proyectos productivos.
POLÉMICA
En el financiamiento de este fondo es donde se ha creado mayor polémica.
Primero propone que se tome el 5% de las utilidades anuales del Banco Popular y el 1% de las ventas brutas que realicen las empresas del Régimen de Zonas Francas de Exportación.
Pero, además, el proyecto establece que por una única vez se le gire al fondo los recursos que establece la Ley 3859, según lo recaudado en el 2019, es decir alrededor de ¢34.800 millones, y que también se podrá tomar de los recursos de la Banca para el Desarrollo.
Por una única vez, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal transferirá un monto del 10% de las utilidades reportadas en el año 2019 al Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local.
“Se habla que este fondo obtendría cerca de ¢100 mil millones y que vamos a crear más burocracia, lo que es totalmente falso, porque ahí lo que se constituye es el Consejo de Desarrollo Económico Local, pero no es una institución, sino una instancia jurídica donde van a estar representantes cooperativos, sindicales, solidaristas, comunales, definiendo políticas públicas para la pequeña y mediana empresa, no es una institución más”, señaló Quesada.
DUDAS
Aunque el proyecto en esencia tiene el respaldo de varios legisladores, este medio conoció que algunos manejan duda por ejemplo en permitir el financiamiento por medio de las Zonas Francas.
Así lo indicó el liberacionista Daniel Ulate, uno de los firmantes del proyecto.
“A los proponentes, como a los otros diputados firmantes, les fui claro en que hay aspectos del proyecto, como ese financiamiento con recursos de las zonas francas, que no me parecen y requieren ser revisados. Me parece increíble que ataquen una iniciativa que ni siquiera ha sido conocida en la Comisión a la que se asignó, que debe ser consultada con todas las entidades que se involucran en la propuesta y la cual, en caso de avanzar, sufrirá modificaciones”, indicó.
A FAVOR
El presidente ejecutivo de Dinadeco Franklin Corella, indicó que respaldan la iniciativa cuando se habla de dar recursos para fomentar el desarrollo de empresas locales y promover la articulación entre gobiernos locales, cooperativas y el sector comunal.
Corella añadió que un elemento fuerte del proyecto es el replanteo de la inversión, es decir que lo que el Estado gasta hoy se invierta en el desarrollo de empresas locales y eso cambia la lógica de cómo promover el desarrollo social.
“No es mejor tener una empresa local arreglando calles, o manejando los residuos sólidos y que la utilidad de esa empresa se invierta en el desarrollo del cantón, que tener otro ente que la utilidad enriquezca a ellos mismos”, cuestionó.