Imponer tope a pensiones fuera del IVM sería inconstitucional

Imponer topes a las pensiones fuera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tendría problemas jurídicos, incluso podría ser inconstitucional, según destacó Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

La inconstitucionalidad señalada se origina en que el texto impone un tope a pensiones ya en curso de pago, una práctica sobre la que la Sala Constitucional ha dicho en el pasado, que es contraria a la jurisprudencia del país.

El superintendente se presentó ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para atender las consultas de los diputados sobre el expediente No. 24.786, el cual pretende limitar el monto máximo que pueden recibir las personas que se jubilan en los sistemas del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al Presupuesto Nacional. 

“En cuanto a los cuestionamientos jurídicos, debemos señalar que el tope depende de decisiones de un órgano externo a los regímenes a los que va a afectar, pues sería decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se desconoce la autonomía de cada régimen, lo cual podría violentar derechos adquiridos y el principio de igualdad. Por último, existe el riesgo de inconstitucionalidad por falta de razonabilidad y proporcionalidad”, indicó Alvarado. Además, recalcó que la medida tendría un impacto limitado, ya que solo afectaría al 8,6% de las pensiones de los diferentes regímenes.

En cuanto a las pensiones del Poder Judicial, actualmente tienen un monto máximo superior a los ¢4,7 millones, mientras que en el Magisterio Nacional es de ¢2,7 millones.

La propuesta del Ejecutivo plantea reducir esos topes, alineándolos con el límite establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el IVM, es decir, ¢1,6 millones. 

Parte de la fundamentación del jerarca es que desconocen los estudios actuariales utilizados para la creación del proyecto de ley.

Hermes Alvarado


“Debe existir un estudio actuarial que fundamente los cambios propuestos. Es decir, cómo se va a determinar la pensión máxima y la afectación para los regímenes existentes. Fijarle topes, sin estudio, significaría una camisa de fuerza, que atenta contra la sostenibilidad de los fondos”.