Implementarían nueva plataforma  para obligamientos notariales

Las quejas de un grupo del sector notarial por obligaciones y cumplimientos sobre reportes de operaciones sospechosas provocaron un debate entre el Colegio de Abogados y la Dirección Nacional de Notariado (DNN).

Tras no llegar a un punto común, en algún momento la Junta Directiva del Colegio evaluó la posibilidad de emitir una medida cautelar para frenar estos cumplimientos.

Sin embargo, la mayoría de los directivos decidió no presentar la medida por la confirmación de que estos lineamientos ya forman parte de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para calificar temas de antilavado en Costa Rica.

El Colegio determinó que la presentación de esta medida podría generar un impacto negativo para el país, por lo cual buscará establecer otras acciones para encontrar una solución a las quejas de este grupo de notarios.

Los profesionales critican que se les exijan costos operativos similares a los de un banco, como contratar un oficial de cumplimiento, cuando tienen que realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) mayores a los $10 mil.

“Según lo que se estudió en la Comisión de Derecho Notarial, hay algunas cosas de los lineamientos que no les parece a ellos. Lo que le parece a la Comisión Notarial, es que hay un exceso de peticiones en esos lineamientos”, dijo Dewin Brenes, fiscal del Colegio.

Este grupo de notarios teme que estos reportes los conviertan en delatores o vulneren el secreto profesional.

Las obligaciones de los notarios como “sujetos obligados” forman parte de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir las prácticas de “lavado de dinero”.

“Aquí hay dos cosas que se confrontan, por un lado, el tema de los requerimientos que organismos internacionales le ponen al país en materia de legitimación de capitales y por otro lado, la función notarial que se ejerce día a día y que los notarios la ejecutan”, agregó.

Ante esta disyuntiva, la Junta Directiva afirmó que “no ha renunciado a la defensa del gremio” y que se encuentra ejecutando acciones para garantizar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones del GAFI.

Una de estas medidas sería la posible implementación de una plataforma tecnológica unificada, como en otros países de la región.

Las autoridades del Colegio pretenden que esta plataforma permita cumplir las obligaciones técnicas de manera segura, eficiente y verificable. El Colegio buscaría la asesoría internacional de países amigos para su implementación.

DNN rechaza cuestionamientos

La DNN indicó en entrevista con Grupo Extra que estos lineamientos no son nuevos, sino que compilan y desarrollan técnicamente deberes que ya existían desde la entrada en vigencia del artículo 15 de la Ley 7.786 en el año 2017.

Por este motivo, recuerdan que si el sector notarial y otros sujetos obligados no cumplen, Costa Rica corre el riesgo de caer en una “lista gris”, lo cual tendría consecuencias económicas graves.

Mariano Jiménez, director de la DNN, ha sido enfático en que les corresponde a los notarios buscar información y asistir a capacitaciones para formarse en estos temas.

“Un notario no capacitado puede ser instrumentalizado por las bandas criminales que están pululando hoy en día en nuestro país”, dijo.

Jiménez señaló que esto provoca confusión en algunos sectores del gremio. El director afirmó que los $10 mil corresponden al límite para exigir una declaración jurada del origen de los fondos, mientras que el ROS es un mecanismo discrecional y confidencial que aplica cuando el notario detecta transacciones sin certeza o dudosas.

La DNN argumenta que la debida diligencia y el ROS no buscan perseguir al notario, sino servir como un “escudo protector”. Para Jiménez, si en el futuro se desata una investigación penal por lavado de activos sobre un bien traspasado, el expediente de debida diligencia y el reporte confidencial demuestran que el profesional actuó correctamente.

Todo este debate ocurre cuando Costa Rica está siendo sometida actualmente a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. Si el sector notarial no demuestra efectividad en estas reglas, el país se arriesga a entrar en la “lista gris”.