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La Municipalidad de Paraíso ha declarado un “rechazo absoluto” a un cobro de ₡46.985.022 presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La administración local ha calificado este acto administrativo como “impertinente, ilegal y coercitivo”, alegando que se fundamenta en una obligación inexistente.
Según informaron en un comunicado, el cobro, contenido en el oficio No. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 del AyA, corresponde al supuesto consumo de agua potable durante el mes de abril del presente año y viene acompañado de una amenaza de suspensión del servicio a partir del 02 de junio.
Según la Municipalidad de Paraíso, el fundamento principal para rechazar el cobro y solicitar la nulidad del acto administrativo es la ausencia de un convenio suscrito entre ambas partes que regule el suministro de agua en gran volumen.
La entidad municipal subraya que dicho convenio es exigido por el propio Reglamento para la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados (artículos 125 a 134). La Municipalidad atribuye esta omisión exclusivamente al AyA, señalando que la propia documentación interna del Instituto lo evidencia.
Además de la falta de convenio, la Municipalidad ha señalado que la factura en cuestión (No. 00100001010020704502) carece del detalle diario de consumo y presenta una descripción ambigua (“consumo de agua”), lo que impide identificar claramente la base del cálculo y su relación con las tarifas vigentes. La administración local sostiene que esta falta de transparencia contraviene principios básicos del debido proceso y ha sido reiteradamente condenada por la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa.
Ante esta situación, la Municipalidad de Paraíso ha solicitado formalmente:
Asimismo, ha instado al AyA a cumplir con su obligación reglamentaria de suscribir el convenio correspondiente, indicando que esta es la única vía legal para legitimar la relación de suministro.
La Municipalidad de Paraíso reitera su compromiso con la defensa del acceso al agua como derecho humano fundamental y asegura que continuará actuando en apego estricto a la legalidad para proteger a la ciudadanía de actos administrativos que considere arbitrarios o desproporcionados.