“Es un ataque a la liturgia y la fe”
La Iglesia católica se muestra en contra de un proyecto de ley que obligaría a las organizaciones religiosas a denunciar casos de abuso sexual contra menores de edad.
Mediante un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, los obispos se pronunciaron sobre el expediente 23.928, denominado “Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad”.
La iniciativa establece que cualquier persona que tenga cargos de autoridad o de representación en organizaciones comunitarias, sociales, religiosas o deportivas estará obligada a denunciar penalmente y de forma inmediata cualquier tipo de abuso sexual contra personas menores de edad, así como a personas mayores de edad con discapacidad cognitiva o volitiva.
“Lo anterior sin perjuicio de otras investigaciones y procedimientos a lo interno de sus organizaciones, de las que tendrán que notificar a las autoridades”, establece la reforma.
Adicionalmente se eliminaría el deber de abstención a autoridades religiosas cuando “sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto”.
“Con este proyecto lo que queremos es cerrar los vacíos legales que hoy permiten la existencia de reductos de impunidad en casos de delitos sexuales, en beneficio de unos grupos particulares”, manifestó Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio.
“Se estaría eliminando el carácter absoluto del secreto de la confesión para que en casos extremos los ministros religiosos puedan declarar y no guardar silencio cuando conocen de un acto contra menores de edad.
Muchas veces, cuando la persona abusadora acepta su delito, los ministros no pueden hablar por el secreto de confesión. Es lamentable y es una obstrucción a que se haga justicia”, añadió.
Otro punto en consideración es que las organizaciones que encubran los delitos contra menores de edad tendrán responsabilidades civiles, penales e incluso deberán responder con su patrimonio el pago de daños y perjuicios.
Finalmente, se considera que no haya prescripción civil en caso de abusos o encubrimiento contra personas menores de edad y mayores de edad sin capacidad volitiva o cognitiva.
“Es un derecho al tiempo para denunciar en cualquier momento. Muchas personas no denuncian a la inmediatez por distintos motivos, pero esta reforma impediría la prescripción de ley”, afirmó.
¿QUÉ DICE LA IGLESIA?
El clero afirma que dicha iniciativa es un “ataque directo a la doctrina y la liturgia de la Iglesia católica” en el tema del sacramento de la penitencia o de la confesión.
Lo anterior debido a que se estaría “obligando” al sacerdote confesor a revelar la información confiada por un penitente, ya sea víctima, autor o testigo de un hecho.
La Iglesia también se opone a estar obligada a denunciar delitos aun en caso de que su única fuente de información sea dentro del sacramento de la confesión.
“Lo anterior es un claro intento de algunos legisladores de inmiscuirse en la doctrina y liturgia de la Iglesia, irrespetando la sacralidad de ese momento en que el penitente está frente a Dios y su conciencia.
Esto es reprobable tanto desde el punto de vista de la Iglesia como desde la doctrina de derechos humanos más actualizada y constituiría un ataque a la libertad religiosa en nuestro país”, señalan los obispos.
La Conferencia Episcopal hizo un llamado a los feligreses a “defender su fe” e incluso a manifestarse contra la propuesta, que se analizaría este jueves a la 1:30 p.m. en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.