La Iglesia Católica incumpliría una ley para denunciar casos de abuso sexual a menores de edad. Así lo señalaron representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Los diputados analizan el expediente de ley 23.928, el cual obligaría a las organizaciones comunitarias, sociales, religiosas o deportivas a denunciar penalmente y de forma inmediata cualquier tipo de abuso sexual contra menores de edad, así como a mayores de edad con discapacidad cognoscitiva o volitiva.
No obstante, los sacerdotes Mauricio Granados y Ricardo Cerdas, en representación de la Iglesia Católica, señalaron que dicha situación violaría el derecho canónico y el sigilo sacramental, lo cual podría incidir en su “salvación eterna”.
“Efectivamente, si el proyecto pasa y no es recurrido inconstitucionalmente, no estaríamos dispuestos a consentir, a pesar de tener que enfrentar situaciones legales. No nos estamos excluyendo del deber de denunciar en otros ámbitos, pero en el derecho del sigilo sacramental es un espacio sacrosanto que no podemos disponer a nuestra voluntad, no lo podríamos hacer”, indicó Granados.
Además, añadió que, aunque tengan consecuencias legales, no incumplirían la norma establecida por ser un tema de conciencia y fe.
“Nuestro deber es mantenerlo a toda costa”, explicaron ante los diputados.
Los religiosos aseguran que la iniciativa, impulsada por el Frente Amplio representa un “ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia”, en el tema del sacramento de la penitencia (confesión).
“El penitente no puede darme permiso a mí de decir lo que he escuchado, porque la promesa de silencio yo se la hice a Dios, entonces, el penitente no está en la capacidad de darme ese permiso, porque no está sujeto a él mismo como persona, sino a Dios directamente”, afirman.
A dicha tesis se sumaron la bancada ultraconservadora de Nueva República y los legisladores de Gobierno.
“Este proyecto es un verdadero acto de odio y un ataque frontal a la Iglesia Católica, se están burlando de la fe de la mayoría de los costarricenses y un absurdo. ¡Quieren cambiar las reglas!, si un sacerdote denuncia quedaría excomulgado automáticamente y eso no lo vamos a permitir”, aseguró David Segura, diputado de Nueva República.
No obstante, algunos legisladores apuntaron que “no se puede encubrir delitos contra personas menores de edad”.
“Ninguna fe o dogma puede estar por encima del bienestar de la niñez y de las personas con discapacidad”, manifestó Antonio Ortega, del Frente Amplio.
“La Iglesia tiene una deuda histórica con los jóvenes abusados. ¡Lo que busca es dar voz a las víctimas!”, secundó Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista.
“En la Biblia no hay ninguna parte donde se refiera el encubrimiento de delitos. No buscamos perseguir a los religiosos, ¿qué mejor manera de mostrar amor al prójimo que proteger a los más vulnerables?”, concluyó Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana.
El texto no fue aprobado en la comisión y, a partir de ahora, dependerá de Rodrigo Chaves, presidente de la República, si lo pone en la discusión legislativa.
