Pese a que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal presentó una significativa suficiencia patrimonial y sus números financieros son saludables, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en su informe de situación financiera interna lo calificó con grado de irregularidad 1.
Rocío Aguilar, superintendente general, explicó que esta calificación se obtiene cuando una institución logra una calificación de 4 en al menos dos de los indicadores de Supervisión Basada en Riesgos, como el Popular en Los indicadores de la calidad del gobierno corporativo y en el cumplimiento legal.
Desde hace meses se presenta una pugna entre la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y el órgano director de dicha institución.
Según dicha asamblea, 21 de los miembros de todos los cuerpos directivos de dicha institución financiera no cumplen con los criterios que establece el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en el Acuerdo 15-22.
Esta normativa indica que quienes ocupen cargos en órganos directores de instituciones supervisadas por las superintendencias deben cumplir una serie de requisitos éticos, académicos y de experiencia.
“En materia de gobierno corporativo, las oportunidades de mejora señaladas corresponden a hallazgos propios de la gestión estructural y muy particular de la institución, desde la conformación de la junta directiva y la gestión de la propia Asamblea de Trabajadores, una instancia conformada por 290 delegados de 10 sectores diferentes como el sindical, comunal, cooperativo y solidarista, entre otros, dejando claro que este banco tiene una conformación política que por cierto hasta el día de hoy no ha afectado nunca los indicadores financieros de la Entidad”, aseguró Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente de la junta directiva del Popular.
Más adelante comentó: “Es importante recalcar que la institución (según se evidencia en el informe de evaluación de madurez de la gobernanza corporativa, elaborado por un consultor externo especializado) ha venido cumpliendo con las responsabilidades establecidas en las mejores prácticas en esta materia”.
IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO
Para Aguilar “uno de los elementos que tiene gran importancia es la calidad del gobierno corporativo. Porque un gobierno corporativo que efectivamente sea robusto, que funcione, que tenga los elementos de control estratégicos y que además permite que la línea de defensa fluya y opere adecuadamente le garantiza a la institución financiera reducir los riesgos de funcionamiento”.
En diferentes países los órganos regulatorios juegan un papel protagónico en la supervisión de quienes ocupan esos cargos directivos en las instituciones financieras. No obstante, en Costa Rica, para Aguilar lo único que puede hacer la Sugef es recomendar la sustitución del cargo de una persona que incumpla con los criterios de idoneidad.
Esto se vuelve más preocupante cuando se nota que el país posee tres bancos públicos, donde las autoridades realizan algunos nombramientos que no necesariamente siempre son de carácter técnico y puede existir la tentación de nombramientos de corte político.
Para la superintendente, los bancos públicos no son lo único que preocupa. “Hay otras instituciones como las cooperativas que tienen una ley constitutiva y a veces entra en contradicción con los requisitos de idoneidad de los cargos”, manifestó.
GOBIERNO RETIRÓ PROYECTO DE LEY QUE RESOLVERÍA ESTE TEMA
El 11 de abril el gobierno de Rodrigo Chaves presentó el proyecto de ley 24256, que reformaba varios artículos de la Ley Orgánica del Banco Central.
Entre las reformas le daba la potestad a la Sugef de “ordenar de manera debidamente fundamentada la remoción de cualquier miembro del Órgano de Dirección de la entidad supervisada, cuando incurra en omisiones o actuaciones contrarias a las leyes y los reglamentos, que atenten contra la seguridad, estabilidad, solvencia, liquidez, reputación, imagen y buena marcha de la entidad, así como cuando incumpla los requisitos de idoneidad”.
Con esta herramienta la Sugef no tendría que ser un actor pasivo que solo puede señalar la falta de idoneidad de quienes integran los órganos directores de los entes supervisados.
El hecho de que la iniciativa de ley fuera presentada por el ministro de Hacienda no significa que fuera apoyada por el Gobierno.
El 31 de mayo Natalia Díaz, entonces ministra de la Presidencia, retiró ese proyecto de ser conocido en sesiones extraordinarias.
Igualmente, Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), comentó que revisaría la iniciativa con lupa para evitar posibles problemas.
OPINAN
Gilberto Campos
Diputado PLP
“Es un proyecto sumamente complejo de modificación de varias leyes, hay que analizar cada modificación y el impacto en el sistema financiero de cada una para determinar si arregla lo que dicen que arregla. El proyecto al ser del Ejecutivo hay que verlo con mucho cuidado, pues la constante ha sido la mala calidad de los proyectos presentados por el Gobierno”.
Rocío Aguilar
Superintendente general
“En 2022 se les exigió a las instituciones contar con políticas que respetaran el marco general de idoneidad y, después de contar con las políticas, hacer evaluaciones de idoneidad. Esto no quiere decir que todos los miembros tienen que ser los mejores economistas o abogados, sino que todo el órgano es idóneo, por eso en el caso de las instituciones de corte sistémicas (Popular, Nacional, BAC y de Costa Rica) estas evaluaciones de idoneidad las tiene que realizar una persona externa a la institución”.