“El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) presenta dificultades para la ejecución de megaproyectos declarados de interés público y nacional” … Así lo detalla la Contraloría General de la República (CGR) en su informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al primer semestre del año en curso.
De paso, el ente gubernamental alertó al Icoder por la baja ejecución del presupuesto, que es de ¢29.808 millones. Del total, solo ha ejecutado el 13,7% a la fecha, es decir, un monto de ¢4.090 millones.
El presupuesto ajustado al primer semestre de 2018, de acuerdo con el estudio de la CGR, comprende los recursos por concepto de financiamiento externo del Programa de Modernización y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (Promorid) para el proyecto del Pabellón Deportivo en el Parque de La Paz y un Centro Acuático en La Sabana, impulsados por el gobierno anterior de Luis Guillermo Solís en la figura de Carolina Mauri, como ministra de Deportes, y el Icoder, dirigido por Alba Quesada.
Los proyectos han sido cuestionados por diferentes frentes deportivos por tratarse de dos obras con un costo muy elevado y que se concentran en la capital, cuando lo que se pretende es descentralizar el deporte.
Además, las críticas pasan por lo endeudado que quedará el deporte por muchos años a raíz del préstamo que tiene la entidad deportiva con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En cuanto a los megaproyectos, en su informe la CGR recalca los inconvenientes que ha tenido el Icoder con los estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, inspección de obra, entre otras actividades del proyecto; por tanto, el Icoder valora otras opciones para cumplir con tales requerimientos que resultan indispensables para la ejecución de los proyectos.
“Lo que la Contraloría analiza es la ejecución presupuestaria de un grupo de instituciones, entre ellas el Icoder, al primer semestre de 2018. Propiamente en el caso del Icoder, tiene un presupuesto para el 2018 de 29.808 millones, de los cuales al 30 de junio ha ejecutado en ingresos un 66,7% y en lo que es egresos un 13,7%. Se analiza el comportamiento de la ejecución del presupuesto 2018 del Icoder al 30 de junio”, comentó a DIARIO EXTRA Damaris Vega, gerente de área de servicios públicos generales.
Los recursos por concepto de financiamiento externo por la suma de ¢7.746 millones, provenientes del contrato de préstamo número 2184 con el BCIE, no han ingresado a las arcas del Icoder. “Al respecto, el instituto indica que para dichos proyectos se encuentran realizando estudios técnicos legales y financieros, por lo que para este año no se van a requerir los recursos del préstamo y agregan que de iniciar la fase de contratación administrativa se cubrirán con los dineros de la contrapartida del préstamo. La ausencia de este ingreso presupuestado en 2018 provoca que la ejecución al 30 de junio sea la más baja en comparación con los últimos tres años”, revela el informe de la CGR.
Asimismo, Vega se refirió al comportamiento presupuestario que muestra el Icoder, que se mantiene enfocado en dos megaproyectos cuyo valor, en el caso del Pabellón Deportivo, fue duplicado por las empresas que licitaron para su construcción; mientras que para el Centro Acuático ni tan siquiera tienen los planos. “Lo que hemos encontrado en la parte de egresos una ejecución muy baja. Se observó en el estudio que los gastos que ejecutó el Icoder está muy bajo, con un 13,7% al primer semestre y básicamente es por la parte de inversión en proyectos que tiene el Icoder, ahí es donde se ve la baja ejecución”.
Damaris Vega agregó que “son dos proyectos que tiene el Icoder de lo más grande, a raíz del programa de modernización y rehabilitación de infraestructura deportiva, que es un proyecto de Pabellón Deportivo en el Parque de La Paz y un Centro Acuático en La Sabana, esos dos proyectos abarcaban muchos recursos y están en el proceso de contratación administrativa licitatoria, y a raíz de procesos de licitación que lleva acabo para la ejecución de los proyectos no les ha permitido ejecutar esos recursos”.
AVISADOS
El mismo informe enmarca que “el proyecto que afecta los resultados de la ejecución para el periodo 2018 como ya se mencionó es el Promorid, donde el Icoder señala que se dieron inconvenientes con la Universidad de Costa Rica (UCR), encargada de cimentar el megaproyecto, por lo que se debió suspender el contrato y aplicar el régimen sancionatorio; situación que obligó a proponer que el Centro Acuático María del Milagro París se realice por medio de una licitación pública internacional y en el caso del Pabellón Deportivo, al finalizar el contrato con la UCR con la entrega del presupuesto detallado”.
Por su parte, Damaris Vega enfatiza que “estos estudios que hace la Contraloría son alertas a las instituciones, los recursos públicos están ahí, hay actividades y obras que hacer, son como alertas para que las instituciones tomen acciones y valoren para lo que resta del año”.
También, se le hace ver al Icoder que el avance de metas reportado en el cumplimiento, definidas en el Plan Operativo Institucional, no se ve reflejado en la ejecución presupuestaria, “aspecto que el Icoder justifica al indicar que la mayor parte de los recursos se encuentran comprometidos y que se espera su ajuste en el segundo semestre”.
Al Icoder se le negó una partida presupuestaria extraordinaria por un monto de ¢1.300 millones, aunque se le aprobó otro presupuesto extraordinario por ¢4.154 millones, por cuanto se incorporó superávit libre para financiar gasto corriente, “aspecto que contraviene lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos número 8131, el Decreto Ejecutivo número 324521 que comprende los lineamientos de aplicación del citado artículo 6 y las normas 2.2.3 y 2.2.9 de las Normas Técnicas sobre presupuesto Público”.
“La Contraloría hace valoraciones de las diferentes circunstancias, de las instituciones y ahí programa. La administración es la primera en tener un proceso de planificación que le permita valorar riesgos con respecto a las obligaciones que llegaría a asumir. La Controlaría tiene facultades para entrarle a cualquier tema de cualquier institución, pero la responsabilidad es de la administración”, sostuvo Damaris Vega.