ICE responde a la Contraloría tras orden de frenar alianzas privadas

CGR pidió cesar inmediatamente uso de alianzas con empresas privadas

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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que defenderá legalmente su régimen especial de contratación ante el reciente criterio de la Contraloría General de la República (CGR), el cual califica como un golpe a su competitividad y a la flexibilidad legal que posee desde la apertura del mercado.

Este martes, la CGR ordenó al ICE cesar inmediatamente el uso de alianzas con empresas privadas para vender servicios a otras instituciones del Estado. Según una investigación del ente contralor, el ICE ha operado como un “intermediario comercial” ilegítimo, subcontratando a terceros para ejecutar el grueso de proyectos técnicos, evadiendo así las licitaciones públicas.

  • Impacto institucional: El ICE sostiene que el informe de la CGR le resta capacidad de competir y causa “graves daños” tanto a la institución como a las entidades públicas a las que sirve.
  • Alcance masivo: La investigación involucra contrataciones con 10 instituciones clave, entre ellas la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda y el INS.

La ley solo permite contrataciones directas entre entes públicos si la entidad contratada ejecuta el trabajo por sí misma. No obstante, la CGR detectó que el ICE delegaba en empresas privadas el desarrollo técnico, hardware y mantenimiento, limitando su propio rol a labores administrativas.

La respuesta del ICE:

  • La institución afirma que el criterio de la Contraloría “cercena la flexibilidad y el fortalecimiento” que el Poder Legislativo le otorgó para competir en el mercado de telecomunicaciones.
  • El ICE está analizando el documento a fondo, pero ya adelantó que recurrirá a las acciones jurídicas necesarias para proteger su modelo de negocios y el interés público de sus servicios.

¿Qué sigue?

  1. Estudio técnico: El ICE debe realizar un análisis financiero y técnico de sus alianzas vigentes para asegurar el resguardo de los fondos públicos.
  2. Transición: Las instituciones afectadas deberán ejecutar un plan para garantizar que los servicios a la ciudadanía no se interrumpan mientras se ajustan a las órdenes de la CGR.
  3. Batalla legal: Se espera una disputa en los tribunales o instancias administrativas para definir los alcances del régimen especial de contratación del ICE.