Un informe de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reveló que la reestructuración que lleva a cabo aumentaría la cantidad de gerencias.
“Se determina que el total de funcionarios de nuevo ingreso adscrito a las Gerencias, en puestos de apoyo y soporte, asistencias administrativas y ejecutivas de las gerencias y Presidencia Ejecutiva pasa de 11 funcionarios a 14, lo que representa un costo incremental de ¢276 millones anuales (sin cargas sociales) y de ¢384 millones anuales aproximadamente (con cargas sociales”, cita el oficio 0020-182-2021 que la Auditoría dirigió a Hazel Cepeda, gerente general.
El proceso de reorganización se anunció con bombos y platillos en marzo, cuando se planteó un ahorro de ¢4.598 millones tras su implementación.
CUESTIONAMIENTOS
Uno de los señalamientos a los que se refiere la Auditoría es el mismo aspecto que cuestionaron los sindicatos, los estudios que respaldan la reorganización.
“La Propuesta Técnica que respalda los cambios en la estructura organizacional y modelo de gestión del ICE no contempla dentro del estudio técnico el diagnóstico del problema o necesidad, ni un detalle integral del costo-beneficio de los cambios propuestos, tampoco se justifica la selección de la alternativa de una reorganización interna de todas las dependencias de la Institución”, indica el documento.
Las organizaciones sindicales reclaman que la administración superior no les brinda espacio para participar en la discusión de la iniciativa.
“Se determina que lo indicado por la División Jurídica con respecto a la audiencia de los trabajadores es contradictorio en uno y en otro criterio. En el criterio 256-100-2019 dice que sí es necesario, más no detalla cómo, y en el criterio 256-172-2020 dice que una de las formas en que no hay que dar audiencia es por medio de audiencia a organizaciones sindicales; de manera que no hay claridad de si se debe o no dar audiencia, ni de cómo darla”, agrega el escrito.
CAMBIOS
Como parte del proceso el ICE anunció que habría cambios, donde un 3% de los funcionarios tendría variaciones en su puesto laboral.
“En la Propuesta Técnica no se incluyó un análisis financiero, técnico y legal que respalde las estimaciones del costo o contingencias por indemnizaciones
laborales. No se encontró evidencia en el expediente administrativo de la existencia de un criterio jurídico previo para aquella clase de puestos en donde se materializó un cambio de condiciones laborales”, se lee en el informe de la Auditoría.
Inclusive en el análisis de los beneficios la Auditoría indica: “No se evidencia un estudio técnico que justifique la idoneidad de una
reorganización como medio por sobre otras opciones de menor complejidad e impacto a nivel de control interno, en cuanto a su definición e implementación”.
Además insiste en que la estructura de las gerencias aumentará de 3 en la actualidad a 5.
Incluso el documento cuestiona si los cambios traerían beneficios en el modelo de negocios del ICE.
“La Auditoría Interna no obtuvo evidencia en el estudio técnico que demuestre cómo la nueva organización logrará desarrollar el potencial de anticiparse al cambio tecnológico con productos y modelos de servicio diferenciadores, sin descuidar el equilibrio operativo y la rentabilidad del negocio con la reorganización”, explica el comunicado de la Auditoría.
La reestructuración también es cuestionada por otros órganos del gobierno como la Procuraduría General de la República, debido a la aparente utilización de reglamentación que no está vigente.
Juan de Dios Cordero
FIT-ICE
“Los hallazgos develan que la administración incumplió con requerimientos obligatorios y de acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la República el acto debería ser nulo junto con las acciones que se derivan de ella. Tanto el informe como el criterio que emitió la Procuraduría reafirman lo que las organizaciones hemos hecho notar a la administración como a los tribunales, se demuestra que el proceso adoleció de un estudio riguroso del costo-beneficio y otros requerimientos que lo sustenten. Los hallazgos demuestran que la administración le mintió a Costa Rica con los puestos y utilizó esta estrategia para colocar su red de cuido en la institución”.