La desesperación por privatizar el histórico y eficiente modelo eléctrico nacional, a cargo del ICE desde la fundación de este, hace ya 75 años, en el año clave de 1949, lleva a imponer a la Asamblea Legislativa un único proyecto de ley para el presente mes de junio y el venidero mes de julio: el expediente 23.414, eufemísticamente llamado de “armonización del mercado eléctrico nacional”.
Los neoliberales, dentro y fuera del actual Gobierno, nos tienen “acostumbrados” a que sus iniciativas de proyectos de ley, en el ámbito político-ideológico del todo mercado-nada Estado, les ponen pomposos nombres que, por lo general, significan todo lo opuesto al título. En este sentido lo que, correctamente, pretende ese proyecto 23.414 es la privatización del mercado eléctrico nacional.
Se sabe que estos dos meses que quedan de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, junio-julio, permiten al Ejecutivo controlar la agenda parlamentaria; y, por ende, se retiró de esta toda clase de proyectos que se habían enviado para su trámite en el Congreso. ¡Sí! Los retiraron todos, literalmente.
Lo grave de tal retiro es que se llevaron en banda a los que todo el mundo conceptúa como proyectos estratégicos que tienen que ver con el deterioro de la seguridad ciudadana, con el avance del control social que va imponiendo el sucio negocio del narcotráfico y del crimen organizado; proyectos, supuestamente, para hacer más fuerte la acción punitiva del Estado contra la violencia desbordada.
¡Qué paradójico! Precisamente, este pasado lunes 3 de junio marcó un doloroso récord criminal nacional pues en tan solo 24 horas hubo 9 homicidios; precisamente el día que Casa Presidencial emitió el decreto que dejó al Parlamento con solamente uno: el de privatización del mercado eléctrico nacional. El mensaje al país es primero el negocio y después la seguridad.
Pareciera que no hay prisa en sacar adelante la agenda-país en materia de seguridad como, por ejemplo, el proyecto para castigar el involucramiento de personas menores de edad en el fenómeno y en el negocio del crimen; no es prioridad, tampoco la regulación del arresto domiciliario con tobillera; y, lo peor de este retiro, es que tampoco urge una ley contra el sicariato.
Lo prioritario es que ya se está tardando demasiado el ingreso de capital privado al hasta hora modelo eléctrico nacional, gerenciado por el ICE, con la participación de empresas públicas municipales y con el estratégico vehículo de distribución representado por las exitosas cooperativas de electricidad. Que la gente se siga matando, que la gente siga muriendo en baños de sangre, que el territorio narco siga ampliando su cobertura, todo eso no es prioridad.
Pareciera que estos dos meses, junio-julio (ya mayo lo “perdieron”), del restante y actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, son imprescindibles para el ingreso del selecto grupo de empresarios mercaderes, cual tiburones a la caza, al suculento y más que rentable negocio de apropiación privada del mercado eléctrico nacional.
Los meses siguientes a partir de agosto son calientemente preelectorales y no más entrado el 2025, las carreras por la Presidencia de la República y las diputaciones, a votarse ambas en febrero 2026, lo echarán a perder todo. Los sectores cívico-patrióticos, la clase trabajadora iceísta de sangre amarilla, los partidos políticos de consecuentes principios de justicia social, el pueblo trabajador y sus diversas organizaciones sanas están a tiempo de articularse en la acción que contrarreste la ofensiva de privatización del exitoso modelo eléctrico nacional.
*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)