El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) no ve con buenos ojos y duda del proyecto de ley que impulsa el diputado liberacionista Gilbert Jiménez, el cual permitiría a los ciudadanos obtener una recompensa por entregar miembros de grupos criminales buscados por las autoridades.
Heldren Solórzano, directora adjunto del ICD, aseguró que la propuesta conlleva analizar el impacto institucional, pues ellos serán los encargados de los dineros para financiar el Fondo de Recompensas.
Según se lee de la iniciativa en el Congreso, habría una disminución de los recursos destinados por Ley especial (8204 y 8754) al ICD, que están destinados al mantenimiento y aseguramiento de los bienes decomisados al crimen organizado.
“No es posible tener plena certeza del monto referido, por cuanto se realizan proyecciones sobre lo que se podría recaudar sin que se tenga la posibilidad de afirmar que se contará con un monto fijo, lo que podría repercutir negativamente en los fines propuestos por el proyecto, dado que habría incertidumbre sobre la posibilidad de atender la totalidad de los eventuales compromisos adquiridos con los sujetos señalados en el proyecto”, explicó Solórzano.
NO ES SENCILLO
Karla Alvarado, criminóloga y experta en seguridad, considera que el proyecto debe de ser analizado desde una óptica integral, tomando en cuenta factores como el económico, humano y técnico para poder así descartar informes falsos e inexactos que puedan proporcionar personas motivadas por la recompensa.
“Debe existir la confidencialidad en los procesos para que el crimen organizado no tome el control de informantes, ya sea desviando la investigación, pagando más por el silencio o eliminando a los informantes”, explicó Alvarado.
Según la experta, se debe de analizar en qué prioridad se encuentra este tipo de acciones ante todo lo demás que se ha evidenciado como necesario para la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, como reforzar los cuerpos policiales y definir el presupuesto que tanto han solicitado las autoridades judiciales.
El programa de recompensas ha demostrado, según el proyecto de ley, ser una herramienta efectiva en la lucha contra estas actividades ilícitas, en países como los Estados Unidos, Colombia y Ecuador.
Los criterios para determinar los montos para el pago de la recompensa económica, así como el procedimiento para su asignación, serán definidos vía reglamento por parte de la Comisión Tripartita integrada por Carlo Diaz, fiscal general, como autoridad superior del Ministerio Público el Director General del OIJ y un integrante de la Sala III.
La compensación monetaria otorgada estaría exenta de pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones y tasas.