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Este viernes continuó la etapa de conclusiones contra cuatro costarricenses y un griego por el delito de tráfico de órganos. Tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como la Clínica Bíblica y Hospital La Católica les pidieron a los jueces que anulen las causas que tienen en su contra.
El primero en dar esta argumentación fue William Rodríguez, abogado de la CCSS, fue tajante en cómo los pacientes afectados no siguieron sus tratamientos posoperatorios y más bien la institución debió estar en el lado demandante.
“Con pruebas judiciales quedó demostrado que no existe ninguna responsabilidad económica que cobrarle a la Caja, el daño económico fue directo a esta institución por las víctimas”, comentó.
Debido a esto, en los últimos meses estas personas cobraron entre ¢228 mil y ¢408 mil mensuales por incapacidades temporales a la institución, mientras las permanentes rondaron los ¢17 millones.
El defensor demostró que ninguno de los 14 pacientes fue operado en algún hospital de la CCSS, la mayoría pidió tratamiento posoperatorio, pero solo 3 lo siguieron hasta el final. Los resultados de los exámenes muestran que se recuperaron con normalidad, lo que demuestra que le mintieron a la justicia, mientras los demás misteriosamente lo abandonaron.
Cerca de las 11 a.m. siguió Vinicio Zamora, del Hospital La Católica, quien dijo que los implicados en el momento de los delitos no eran empleados del centro médico, alquilaron las instalaciones para efectuar sus operaciones y el encargado de gestionar todo el trámite fue el doctor Mora Palma.