Hospitales al borde del colapso

Costa Rica enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora en su sistema de salud pública. Las cifras son alarmantes: el país tiene menos camas hospitalarias para atender pacientes que las que tenía en 1985, según advirtió Román Macaya, expresidente ejecutivo de la CCSS. Con apenas 1,1 camas por cada mil habitantes, estamos entre los países con menor capacidad hospitalaria de la OCDE, mientras naciones como Japón y Corea del Sur superan las 12 camas por cada mil personas.

Esta realidad se agrava dramáticamente cuando la combinamos con las listas de espera que mantienen a los pacientes esperando hasta 432 días para cirugías, una cifra que, aunque mejorada, sigue siendo inaceptable para cualquier sistema sanitario moderno. El plan de la CCSS para 2025 contempla atender más de 730.000 casos, pero esto es apenas una respuesta reactiva a un problema estructural que requiere soluciones de fondo.

El panorama futuro es aún más preocupante. Para 2050, se proyectan 3,2 millones de días de estancia hospitalaria, con el 70% de todas las camas médicas ocupadas por adultos mayores. Como señaló Macaya, “si uno toma todas las camas que tiene la Caja y las multiplica por 365 días, no da esos 3,2 millones de días”. Esta proyección revela una bomba de tiempo demográfica que el Estado costarricense no puede ignorar.

La raíz del problema se encuentra en decisiones históricas mal calculadas. Durante los años 80, el país alcanzó su mayor número de camas hospitalarias con alrededor de 7.000 unidades, pero cuando disminuyeron las tasas de natalidad, se optó por reducir esas camas sin hacer ajustes proporcionales para atender las nuevas necesidades epidemiológicas de una población que envejece rápidamente.

La situación es particularmente crítica en regiones como Golfito, donde 57 camas atienden a 45.000 personas en un hospital que, según la Defensoría de los Habitantes, tiene “imposibilidad material de crecimiento”. Esta desproporción se replica en diferentes grados por todo el territorio nacional, evidenciando que la infraestructura hospitalaria simplemente no da abasto.

La incapacidad del Estado para resolver esta crisis abre un peligroso portillo hacia la privatización de facto de la salud. Cuando el sistema público no puede responder a las necesidades básicas de atención, los ciudadanos que pueden permitírselo migran hacia servicios privados, profundizando las desigualdades y debilitando aún más el sistema solidario que durante décadas fue orgullo nacional.

Esta crisis requiere una respuesta inmediata y coordinada entre todas las instituciones del Estado. No es suficiente que la CCSS implemente planes de contingencia; necesitamos una estrategia nacional que involucre al Ministerio de Salud, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y todas las instancias gubernamentales pertinentes.

Es imperativo que el país apruebe un plan de inversión masiva en infraestructura hospitalaria que contemple no solo la construcción de nuevos hospitales, sino también la expansión y modernización de los existentes. Esto debe ir acompañado de un incremento sustancial en la formación de personal médico especializado y la implementación de tecnologías que optimicen el uso de las camas disponibles.

Como advirtió Macaya, “hay que hacer prácticamente de todo… hay una labor que tenemos que hacer y es ya, no puede ser mañana”. El costo de la inacción será exponencialmente mayor que el de actuar ahora. Costa Rica debe decidir si quiere mantener su sistema de salud universal o permitir que se desintegre por negligencia.

La salud de los costarricenses no puede esperar más. 

La coordinación interinstitucional para enfrentar esta crisis no es una opción, es una obligación moral y política que no admite más dilaciones.