Hija de “Macho Coca” se entrega en San José
Autoridades reportan 62 detenidos por caso “Leviatán”
Una mujer de apellidos Bell Ramírez, hija del extraditable Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, quien permanecía en fuga, se entregó a las autoridades judiciales.
La sospechosa figuraba entre las personas investigadas por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) como presunta integrante de una organización dedicada al envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Fuentes judiciales indicaron que la mujer y el líder de la organización criminal, de apellido Casanova, se presentaron en las afueras del I Circuito Judicial de San José.
La información fue confirmada por las mismas fuentes, quienes señalaron que, cuando ambos llegaron a la sede judicial, fueron interceptados por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD).
Por su parte, Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, indicó que la captura fue el resultado de una serie de labores de seguimiento y vigilancia en puntos estratégicos que la PCD había establecido previamente como zonas de interés.
Estas personas estarían vinculadas al caso conocido como “Leviatán”, en el que se investiga a una estructura criminal por aparentes envíos de droga fuera del país.
Hasta el momento, la investigación suma un total de 62 personas detenidas y las autoridades califican los resultados como un éxito rotundo en la lucha contra el crimen organizado.
“Detuvimos al sujeto conocido o de apellido Casanova y a su compañera de apellido Bell. Nos falta solamente una persona, un nicaragüense que está fuera del país y vamos detrás de él, tenemos 62 personas detenidas”, dijo Campos.
El caso fue trabajado por la PCD desde 2024 y en la fase final participaron múltiples cuerpos policiales, entre ellos unidades regulares, unidades especiales, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Policía Penitenciaria.
“Seguimos fuerte, la lucha es frontal contra el crimen organizado y vendrán más operativos”, agregó.
En este caso fueron detenidos nueve oficiales de la Policía de Fronteras como sospechosos de colaborar con la organización criminal y facilitar el envío de droga. Según las pesquisas, la estructura utilizaba la Terminal de Contenedores de Moín (APM Terminals) para ocultar cargamentos de cocaína en contenedores con destino a Europa y Estados Unidos.