El alcalde suspendido de San José, Johnny Araya Monge, se abstuvo de declarar ante los diputados que investigan las irregularidades relacionadas al caso Diamante.
\”Con el respeto que me merece esta comisión legislativa y los diputados que la conforman, voy a limitarme a hacer una breve declaración y por imposibilidad legal no responderé las preguntas que ustedes me formulen. Las razones de esta decisión, tomada por convicción propia y validada por mis abogados, tiene que ver con que yo soy imputado en un proceso penal que está siendo conocido en sede judicial y en el que ni siquiera he podido rendir en forma amplia mi declaración indagatoria (…)”, dijo en un inicio el alcalde capitalino ante los diputados.
Según Araya, en torno a las investigaciones por el caso Diamante se hizo un circo mediático en su “contra como si se tratara de un capo de la mafia”.
“Fui víctima de show mediático, un verdadero circo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público desplegaron un operativo desproporcionado, más de 50 oficiales, algunos fuertemente armados con el famoso camión conocido con el nombre de La Bestia, como si se tratara del allanamiento de un búnker del narcotráfico o de la morada de un capo de la mafia criminal”, argumentó el alcalde suspendido.
\”El despliegue policial que se realizó en los alrededores de mi casa daba la impresión de que se iba a tener una respuesta armada de mi parte o la de un miembro de mi familia (…) me sacaron esposado, una decisión incomprensible y sin ninguna congruencia con lo que ocurrió posteriormente\”, comentó Araya, quien recalcó que “la Fiscalía no iba a pedir prisión preventiva”.
De acuerdo con el alcalde suspendido, el despliegue fue incomprensible y sin congruencia.
NIEGA CARGOS
Finalmente, Araya negó cualquier tipo de cargo en su contra y afirmó que demostrará que todas las acusaciones “que lo han afectado a él y su familia” son falsas.
“Se ha producido un escándalo mediático con la divulgación de hechos descontextualizados, malintencionada e ilegalmente divulgados. Violentando una y otra vez el artículo 295 del Código Penal que protege la privacidad de las investigaciones se ha dañado el principio de inocencia, lesionando el derecho a la intimidad de los ciudadanos que figuran en procesos penales”, añadió Araya.
Cabe señalar que el expediente judicial sobre el caso Diamante apunta que Araya habría favorecido a varias empresas constructoras a cambio de promesas, dádivas y favores.
De acuerdo con el documento, a cambio de las dádivas o promesas de retribución hechas por Daniel Cruz Porras (cuestionado empresario que figura en la investigación), el alcalde “realizó actos contrarios a sus deberes, ya que, prevaleciéndose de su cargo y facultades como máximo jerarca municipal se interesó por contratos licitatorios a favor de la empresa MTS Multiservicios S.A., a fin de que estos procesos le fuesen adjudicados a dicha empresa”.
Cabe señalar que Cruz Porras es socio de MTS Multiservicios S.A., dueño de Explotec y en apariencia está relacionado con la constructora MECO.
BULEVAR DE ROHRMOSER
Uno de los polémicos casos que se abordó en la comisión fue el de la reconstrucción del bulevar de Rohrmoser, que se le adjudicó a MECO.
En apariencia, MECO habría recibido las obras a cambio de promesas a funcionarios municipales, sin embargo, el alcalde evitó referirse al caso.
“No nos hagamos los majes. Lo que se está investigando es una estructura enquistada en la municipalidad desde hace 20 años”, le reclamó el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta.
Araya se airó reclamando respeto: “Aquí no hay ningún maje, respete diputado”.
Otro punto incluido en el expediente es que presuntamente existía “una relación de favores entre Johnny Araya y Carlos Cerdas para ‘ponerse de acuerdo sobre proyectos de la Municipalidad’ y se daban “acuerdos previos a los carteles de licitación con el fin de beneficiar a la empresa MECO”.
Para ello “habría influido en los miembros del Concejo con el fin de que estos voten a favor de sus propuestas y así lograr concretar los ilícitos en cuestión”.
A lo anterior se suma un informe de auditoría, el cual señala un presunto favorecimiento de proveedores y adelanto de pagos por parte de la Municipalidad de San José.
Asimismo, se indica que contratos adjudicados a MECO no tuvieron suficientes controles y hubo un “debilitamiento del control interno”, “el cual aumentó el riesgo de actos de corrupción”.