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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 18 allanamientos en San José, Nicoya y Cartago, donde detuvieron a 34 personas, entre ellas el hermano de un agente de la Oficina de Investigaciones Criminales del ese cuerpo policial.
Walter Espinoza, director del OIJ, confirmó la relación entre ambos y aseguró que el funcionario no está vinculado ni ha interferido en la investigación.
“Es un caso importante, donde los líderes son dos hermanos de apellidos Rivera Chavarría, vinculados policialmente con estafa, falsificaciones y fraude desde hace muchos años. Lo denominamos ‘Caso Hermanos’.
Joselito y Lulú, ambos vivían en Tres Ríos, uno de ellos compró casa y pagaron en efectivo en un residencial, mientras que en Barrio Luján reclutaban sus ayudantes.
Son una especie de leyenda urbana, tienen muchísimos años de actuar en la misma temática, incluso sus familiares están vinculados a actividades fraudulentas”, comentó.
Espinoza agregó que la fuente de ingresos que tenían los hermanos provenía de la actividad delictiva, pues tienen un nivel de vida más alto que el del resto de sus familiares.
José Pablo Miranda, fiscal de Fraudes, amplió detalles del modus operandi del grupo, al que consideran crimen organizado.
“El modo de operar era el timo del depósito equivocado, primero ubicaban un ofendido, localizaban un número de cuenta con importante cantidad de dinero y uno de los detenidos depositaba $100 o ¢50 mil.
Una vez que se hacía el depósito equivocado se comunicaban con la institución pública o privada por medio de teléfonos, donde decían que la transacción era un error y pedían el reembolso del dinero”, explicó.
Miranda agregó que los personeros de las instituciones verificaban que efectivamente la plata ingresó a las cuentas y se daban cuenta que no era falsa.
“Luego procedían a devolver el dinero, pero el grupo decía que no tenía cuentas bancarias, que necesitaban que lo hicieran en efectivo o en cheque. Si era en efectivo lo reutilizaban en otra cuenta de otra institución y si era en cheque era alterado con una moderna máquina que lo dejaba casi igual al original, al punto que ninguna entidad del sistema bancario nacional logró detectarlo”, confirmó.
CACOS TECNOLÓGICOS
El fiscal informó que se cambiaron cheques por más de ¢10 millones y en dólares hasta 9 mil, variando los montos en cada cheque, y el perjuicio inicial en 29 instituciones es de ¢128 millones.
“Este es un caso de crimen organizado, se logró evitar que se consumaran defraudaciones de ¢70 millones más a lo largo de la investigación. Funcionaba con circulación de moneda falsa, introducían al país moneda que ellos mismos confeccionaban, falsificaban y ponían a circular por medio de distribuidores y reclutadores, que ponían la plata en terceros de buena fe.
Al grupo se liga con venta y distribución de droga. Se encontraron matas de marihuana, billetes falsos, alteradores, documentación como cheques en blanco. La estructura completa tenía líderes, mandos medios, alteradores, reclutadores, frenteadores y suplantadores”, explicó.
Los detenidos cambiaban los cheques en cierres contables y en horas estratégicas, mientras que los afectados se daban cuenta del perjuicio patrimonial hasta un mes después porque el cheque se cambiaba en el corte, cuando la institución revisaba la contabilidad.