El gasto de 27 millones de colones por parte de la Asamblea Legislativa en bocadillos ha generado indignación en la opinión pública y con justa razón. En un país donde las reformas fiscales han significado duros golpes para el sector productivo y para las economías familiares, resulta incomprensible que la institución encargada de legislar sobre los recursos públicos sea también un ejemplo de despilfarro.
La sociedad costarricense enfrenta retos económicos significativos. Desde la aprobación de la reforma fiscal, empresas y ciudadanos han tenido que adaptarse a nuevas cargas impositivas, ajustes en sus presupuestos y una constante lucha por mantenerse a flote en un entorno económico incierto. En este contexto, cada colón cuenta y más todavía los que son recaudados con esfuerzo por los contribuyentes.
La Asamblea Legislativa, como máximo órgano de representación democrática, debería ser un faro de austeridad y transparencia. En lugar de justificar gastos superfluos, debería dar el ejemplo y contener el uso de recursos en partidas no esenciales para el cumplimiento de sus funciones. Este tipo de acciones no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también envían un mensaje contradictorio para una sociedad a la que constantemente se le insta a ajustarse el cinturón.
Lo ocurrido con el cafetín legislativo hace unos meses es otro ejemplo de cómo las prioridades parecen estar mal enfocadas. Las discusiones sobre este espacio y los recursos que se destinan para su operación no deberían ser un tema central cuando el país enfrenta problemas graves como el desempleo, la inseguridad y las brechas en infraestructura.
El Estado costarricense tiene la obligación de replantearse el uso de los recursos en todos los niveles.
Aunque algunos podrían argumentar que 27 millones de colones es una suma menor dentro del Presupuesto Nacional, precisamente en estos detalles se demuestra el compromiso con la eficiencia y la responsabilidad fiscal. Reducir gastos innecesarios no solo ahorra recursos, sino que también genera un efecto simbólico poderoso: la demostración de que las instituciones están dispuestas a hacer sacrificios y priorizar lo verdaderamente importante.
Costa Rica no puede permitirse mantener una cultura de pequeños despilfarros. Cada acción que tome el Estado para optimizar sus recursos es un paso a una mayor confianza ciudadana y hacia la construcción de un sistema más justo y eficiente. La Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad moral y política de liderar con el ejemplo, empezando por eliminar este tipo de gastos que, aun cuando puedan parecer triviales, representan un agravio para quienes enfrentan día a día las consecuencias de las decisiones fiscales tomadas desde ese mismo recinto.
El cambio debe iniciar en las pequeñas cosas. La contención de gastos superfluos no solo es una cuestión de ahorro, sino también de principios. La Asamblea Legislativa está llamada a ser una institución ejemplar en todos los aspectos, incluyendo el manejo de sus recursos, y a dejar de lado prácticas que deslegitiman su papel como garante del buen uso del dinero público. Es tiempo de demostrar que el compromiso con el país es genuino y que la austeridad no comprende solo un discurso, sino una realidad tangible.
