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Miembros del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud) se reunieron con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA, para conversar sobre la nueva agrupación sindical y el problema que enfrenta con los detractores del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
¿Cuál es su principal objetivo como agrupación sindical?
– La tarea para nosotros como un sindicato que está dando sus primeros pasos (cumplimos dos años este mes) es confirmar la razón por la que se fundó: resolver el problema de las pensiones y las jubilaciones del Poder Judicial.
¿Cómo surgió?
– Empezó como un movimiento de trabajadores. Ahorita hay como 25 organizaciones, entre las que están pocos sindicatos. Lo que se busca es sentirnos representados legítimamente y luchar por nuestros derechos; la población judicial siempre ha sido muy pasiva. A pesar de que somos la casa de la justicia, no tenemos instancias dónde defender nuestros propios derechos.
¿Cuáles derechos?
– Nos cambian el sistema de vacaciones cada año, a veces hacen cierres colectivos, nunca se consulta al personal. Ahora que estamos nosotros es eso lo que buscamos, que se nos escuche; por ahora la nueva presidenta nos permite expresarnos.
¿Qué los hace diferentes?
– Somos muy perseverantes, luchamos por lo que queremos; por ejemplo, estamos soñando con una convención colectiva. El tema de las pensiones nos ha absorbido porque es el futuro nuestro, los que tenemos tantos años de cotizar nos hemos sacrificado económicamente con grandes rebajas para aspirar no a privilegios sino a beneficios.
¿Cómo se organizan para evitar actos irregulares de sus miembros?
– Nos dimos a la tarea de pedir que ninguno tuviera procedimientos disciplinarios, que no estuviéramos como se dice popularmente rabo que nos majen, que no tengamos deudas con los magistrados o que queramos ascensos. Es un lema que alzamos para que los que se tengan que meter sepan que es una gesta desinteresada que de pronto puede salir costosa.
¿Han enfrentado dificultades?
– Hemos enfrentado muchas, especialmente con las licencias sindicales. No nos dan tiempo para asistir a las sesiones, pedimos un espacio para oficina y no se nos dio, aun así hemos sido muy respetuosos. No queremos lucrar a la gente, pedimos una cuota de ¢2 mil al mes.
Pero existe el Sindicato Nacional de Empleados Judiciales (Anejud). ¿Qué pasó con ellos?
– Ha venido bajando el nivel de lucha, entonces los diferentes sectores han formado sus propios sindicatos. El Organismo de Investigación Judicial, por ejemplo, tiene su agrupación. Estamos conformados por todos los sectores, sin discriminación del área en que trabaje o su estrato.
¿Qué edad debe tener un empleado judicial para retirarse?
– En este momento está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial que la edad para jubilarse debe ser de 62 años los hombres y 60 las mujeres. Pero también existe la posibilidad de retirarse con 30 años de servicio.
¿En ese caso se les paga el 100% del salario?
– No. Actualmente para que uno pueda jubilarse así, con el porcentaje, debe tener 30 años de servicio y 62 años de edad. Con esos dos requisitos se hace un cálculo de los últimos 24 salarios, de ahí surge un promedio del 92% del salario, del cual hay que rebajar un 16% y las personas quedan en un 76%.
¿A qué corresponde el rebajo del 16%?
– Somos los únicos que seguimos cotizando después de jubilados un 11% y un 5% de seguro de salud. En otros sistemas cuando la persona se jubila no paga por la atención médica que recibe, pues lo asume el sistema del Seguro Social, por otro lado el Poder Judicial asume ese costo.
¿Por qué funciona de esa manera?
– Porque somos muy celosos con nuestro sistema, además creemos que es una cosa de solidaridad. Así como otros ayudaron a pagar los gastos antes, así lo hacemos nosotros y así lo harán los que vienen después.
¿Creen que ante la eventual quiebra del IVM ustedes sean una opción alternativa ?
– Claro. Nosotros tenemos ¢380 mil millones de reservas. Eso es porque al IVM el Estado le ha ido restando recursos, se le obliga a comprar bonos del gobierno, no paga los intereses de las enormes deudas que tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos han dicho que en otros países los regímenes financian obras de infraestructura, nos han sugerido que con los fondos del Poder Judicial financiemos la carretera a Limón.
¿Estarían de acuerdo en realizar inversiones para crear utilidades en mecanismos diferentes de los que usan ahora?
– No, lo que pasa es que por ahora solo podemos invertir en bonos del Estado, así lo establece la Ley Orgánica. Ahora se ha abierto la posibilidad de que podamos prestarles a los 13 mil empleados, así se emplearía una forma de crear más utilidades, por eso estamos de acuerdo.
¿Qué piensan del proyecto de ley que presentó el PUSC?
– Es discriminatorio, tiene horrores jurídicos y nos sorprende que lo hayan presentado a solo tres meses de llegar a la Asamblea Legislativa. Este proyecto lesiona a todos los trabajadores, plantea que todos nos pensionemos a los 65 años.
¿Quién decidiría si los pasan al sistema de IVM?
– La Asamblea Legislativa, los diputados deben aprobar una ley. Estamos dispuestos a paralizar el sistema judicial para que eso no pase. Hay sectores que estamos preparados para defender el sistema por el tiempo que sea necesario.
¿Qué dicen los magistrados?
– Hay una comisión a lo interno para hablar sobre el tema, pero existe una incertidumbre porque no se sabe qué es lo que se va a argumentar.
¿Hay personas del Poder Judicial contrarias al Fondo?
– Sí. Hay magistrados que ya tienen asegurada la pensión, muchos ya tienen su tiempo servido, entonces no les interesa. Hay enemigos dentro del Poder Judicial de nuestro movimiento y de nuestro propio fondo, pero no hemos identificado a alguien en concreto.
¿Qué dicen los diputados?
– En la Asamblea Legislativa había y hay personas que quieren afectar al Fondo. Antes teníamos ingresos por los fondos que recibíamos de las cuentas judiciales, lo que se recibe por las pensiones alimentarias y las fianzas, los intereses de ese dinero antes quedaba para el Fondo, pero la Asamblea Legislativa le pasó los ingresos a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los trabajadores del Poder Judicial que quieran afiliarse a Sitrajud pueden acceder a la web www.sitrajud.org o al correo [email protected].