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El último Informe Estado de la Nación es revelador en cuanto empleo y desempleo se trata, el documento indica que “desde el 2014 se observa una expansión del empleo para personas con baja calificación educativa, especialmente en la industria tradicional, la agricultura, el comercio y los servicios no especializados. Sin embargo, este fenómeno ha sido acompañado por un deterioro en la calidad de los puestos de trabajo: mayor informalidad, bajo aseguramiento, menor crecimiento del ingreso y más subempleo”.
Suficiente el comentario anterior para entender que nuestro país se sume en la informalidad y esto no es un aliciente para nadie, ni tampoco puede ser usado por ningún gobierno para alardear que el empleo va en aumento.
Si bien trabajo es trabajo y salario es salario, y más cuando existe necesidad, lo cierto es que mantener al personal en la informalidad es una ilegalidad y trae consigo abusos terribles.
La calidad del trabajo que realizan las personas es fundamental, tener seguro de salud, cotizar para una futura pensión y ganar lo justo son derechos, no son regalos, y hay muchos patronos que se atreven a desafiar a la ley para seguir sumando a sus arcas.
También entendemos que el país lleva años sumido en una crisis fiscal, empantanado, deteriorado, pero no implica que ante tales situaciones los y las trabajadoras sean vulnerados, agredidos y abusados.
El porcentaje de informalidad en Costa Rica es aterrador, las cifras oficiales muestran cerca de un 49%, lo que implica 49 de cada 100 empresas no cumplen con lo establecido en las leyes nacionales, afectan a sus colaboradores y por ende las arcas del Estado.
El Estado de la Nación evidencia que “en el 2016, los ocupados informales aumentaron un 8% y los no calificados un 4%. Al problema del alto desempleo que vive el país se suma el hecho de que las oportunidades laborales generadas no propician la inclusión social. Ello se refleja en el elevado número de subempleados, es decir, las personas que desean y están disponibles para trabajar más horas, independientemente del tiempo efectivamente laborado (INEC, 2016).
Destaca además que el subempleo se ha incrementado principalmente en los sectores del agro, el comercio y la construcción, que en conjunto concentran el 37% de esta forma de inserción laboral.
Veamos más cifras. Casi un millón de personas son parte de la población laboral del país, pero que actualmente no está afiliada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); es decir, que no cotiza mensualmente.
Existe un gran sector de trabajadores que no aporta al Estado por varias razones, una es que sus patronos no los aseguran y los mantienen al margen de la ley, y otros son independientes y no se ponen al día.
La primera de las razones es mucho más factible. Para nadie es un secreto que en Costa Rica existe un alto porcentaje de empleadores que irrespeta dicha garantía social y en su afán de ahorrarse algunos colones prefiere exponer a la fuerza laboral, situación a todas luces ilegítima pero también desventajosa.
El casi millón de hombres y mujeres que no aportan al sistema pertenecen a 240 mil hogares, lo que indica que además de verse afectados en lo personal, sus familias también se ven privadas de los derechos que se derivan del aseguramiento.
En palabras sencillas, un trabajador que no esté afiliado a la CCSS tendrá serias repercusiones conforme avanza el tiempo, no podrá ver una pensión cuando llegue a la vejez y en caso de enfermedad la atención médica será limitada, no nula para aclarar, pues en casos de emergencia la salud es solidaria.
Quienes están inmersos en los sectores construcción, comercio, servicio doméstico y agricultura son los más perjudicados, de hecho, son denominados “grupo duro de la inseguridad social”, y según los números van en aumento.
Eso es detestable, no existe justificación alguna para que los empresarios retengan o se dejen el dinero que se deduce de cada remuneración quincenal o mensual que en teoría es de la Caja. Entonces cuando un trabajador llega a requerir servicios médicos en clínicas, hospitales o Ebais se lleva la sorpresota de que su jefe no está al día con esas obligaciones.
¿Qué sucede? Pues bien, aunque la ley es clara al establecer que la salud es un sistema compensado por todos, lo cierto es que, si no hay cotización, tampoco habrá servicio, o bien este le será facturado. Esto a menos que -como lo dijimos anteriormente- sea una real emergencia.
Cómo es posible que haya patronos tan irresponsables, que se dejen el dinero de sus colaboradores, pero además que estén estafando de manera reiterada y descarada al sistema.
Es aquí donde la entidad aseguradora con todo el peso de la ley debería sancionar a los incumplidos. No es justo que esta situación pase apenas por un regaño o advertencia, pues igual que en materia fiscal, “el perro que come huevos ni quemándole el hocico deja la maña”.
Hay una gran evasión de responsabilidades, así lo demuestra el reciente Informe Estado de la Nación, y no es algo nuevo, llevamos años viendo estas cifras, pero poco se hace por paliar la situación.
Lo que nadie se imagina es que esa condición influye de forma directa en el nivel socioeconómico, la incidencia de la pobreza de los trabajadores sin seguridad social está por encima del promedio nacional y afecta mayormente a jóvenes menores de 25 años.
La ley nos dota de herramientas para exigir cambios sustanciales y profundos para evitar que la informalidad se convierta en el común denominador y se justifique ante la necesidad de la gente.