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Una serie de debilidades en el control de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrían facilitar su desvío hacia fines distintos a los terapéuticos, además de poner en riesgo la seguridad de los pacientes y exponer a la institución a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Así lo detectó la Auditoría Interna de la institución a través del oficio AS-ASALUD-0047-2026, en el que recopiló hallazgos detectados durante los últimos años en distintas auditorías sobre el manejo de medicamentos como fentanilo, morfina, ketamina y clonazepam.
La Auditoría identificó situaciones relacionadas con el almacenamiento y la custodia de los medicamentos controlados por parte del personal de salud.
Entre los hallazgos se encuentran “la existencia de stocks no autorizados en servicios clínicos, el almacenamiento de medicamentos en áreas no reguladas y la custodia en maletines personales”.
Según advierten, los hallazgos provienen tanto de debilidades de control interno como de hechos concretos documentados, incluidos denuncias formales y actuaciones judiciales contra funcionarios.
Según el ente fiscalizador, las principales debilidades se presentan en la trazabilidad, la prescripción, el despacho, la administración y la custodia de estos medicamentos, considerados de alto riesgo por su potencial de abuso.
“Las prescripciones incompletas, la ausencia de justificación clínica debidamente documentada y las incongruencias entre el médico prescriptor y quien consigna la indicación en los registros clínicos generan condiciones que facilitan el desvío del medicamento”, dice el texto.
El documento añade que esas deficiencias impiden reconstruir adecuadamente el recorrido de los fármacos, desde su prescripción hasta su administración o devolución, debilitando los mecanismos de rendición de cuentas y aumentando el riesgo de un uso indebido.
Además del posible desvío de medicamentos, el informe advierte que las deficiencias detectadas también pueden afectar directamente la atención de los usuarios.
En el oficio se indica que se encontró la ausencia de registros clínicos adecuados, falta de evidencia sobre las dosis realmente administradas y carencia de monitoreo posterior al uso de sedantes y analgésicos potentes.
“Estas condiciones incrementan la probabilidad de eventos adversos, errores de medicación y afectaciones directas a la salud de los usuarios, comprometiendo la calidad y seguridad de la atención brindada”, aseguraron.
La Auditoría considera que estas fallas limitan la capacidad institucional para garantizar un uso seguro de medicamentos de alto riesgo y aumentan la posibilidad de errores durante la atención médica.

