El presunto grupo que tiene en jaque al Ministerio de Hacienda habría accedido a información sensible de grandes empresas. Entre los archivos hackeados de Aduanas vendrían oficios que la administración calificó de “confidenciales”.
Se expresarían criterios de riesgo sobre el comportamiento tributario y actuaciones de compañías ampliamente reconocidas en el país, entre las que figuran supermercados, farmacéuticas, importadores de vehículos y fabricantes de productos de maíz, entre otras.
Entre los documentos se mencionaría incluso un potencial riesgo por incumplimiento del artículo 35 del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China de una gran cadena en 2019.
De los oficios se extraería que los funcionarios aduaneros deben tratar este tipo de información con base en el artículo 8 de la Ley General de Aduanas, los artículos 115 y 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los artículos 97, 98, 105 y 109 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda y demás normativa existente.
Elián Villegas, titular de esa cartera, manifestó recientemente que la información expuesta era histórica y correspondía a la Dirección de Aduanas, específicamente aquella relacionada con categorización de riesgo, la cual se actualiza con cierta regularidad.
Como parte de la documentación que circula se habla de estos oficios, en los que se solicitarían auditorias para ahondar en el estado tributario de las empresas.
A manera de ejemplo se señalaría que durante el periodo 2019-2020 no se habría revisado uno de los cánones que deben pagar algunas de estas empresas.
Es decir, para ese momento Hacienda no había concretado si estaban al día. En esta lista aparecen más de 10 compañías con tributos desde los ¢2.000 hasta los ¢46.000 millones. Con respecto a la Administración Tributaria Virtual (ATV) el ministro no descartó que los cibercriminales pudieran tener información del impuesto sobre la renta, utilidades e ingresos, entre otras, de las empresas.
“Sin lugar a dudas las repercusiones de este ataque a las instituciones estatales, y especialmente al Ministerio de Hacienda, generan en perspectiva todo el esquema en que se opera actualmente y da una ruta de cuáles serán las acciones futuras para proteger los derechos de los contribuyentes si efectivamente esta información se hace pública”, expresó el experto tributario Marco Vargas.
Desde su punto de vista, todo esto genera una vulneración a la intimidad (personal y económica), lo que generaría daños graves a los contribuyentes.
Entre ellos señaló el posible hurto, chantaje y competencia desleal. “Pueden generar perjuicios económicos graves y crear un clima de incertidumbre”, dijo el experto en temas tributarios.