Transitorio da plazo de 6 meses
Tras la aprobación de un transitorio en la Comisión de Asuntos Jurídicos este jueves, los empleados públicos contarán con hasta seis meses para pasar del sistema de salario compuesto a salario global, lo cual apresura el plan propuesto en la Ley Marco de Empleo Público.
La medida, propuesta por el diputado Gilbert Jiménez, pretende reducir la brecha de desigualdades generadas por la aprobación del reglamento y el periodo paulatino de transición establecido.
“Para nadie es un secreto que hemos visto, hubo un desequilibrio y naturalmente una desproporcionalidad y una injusticia en donde personas que ingresan de nuevo ingreso tienen salarios superiores a las personas que tienen alguna antigüedad con salarios compuestos”, declaró Jiménez a DIARIO EXTRA.
El verdiblanco apuntó que con esta nueva moción buscan evitar la fuga de profesionales, además de los reclamos de empleados públicos, como los emitidos por la policía nacional, los médicos especialistas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“No nos molestamos que los nuevos empleados entren con un nivel competitivo y con un salario de ese nivel, pero como dice la ley, ante funciones iguales, salarios iguales. Esa desproporcionalidad y esa disparidad e irracionabilidad que se está dando crea desmotivación y un trato muy desigual”, acotó.
PREOCUPACIÓN POR EL PLAZO
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, al ser consultado dijo que el periodo de seis meses no era suficiente para lograr esta transición, pues es un gasto muy grande que no estaba considerado en el presupuesto nacional.
“Estamos muy preocupados con la aprobación de este transitorio debido a dos consideraciones: lo primero es que, en general, el salario global dado ya no tiene pluses ni otros incentivos salariales, entonces es un poco mayor que el salario compuesto”, explicó.
Al preguntarle sobre el plazo establecido por el transitorio señaló que “es un aumento desmedido en el gasto por remuneraciones. Los cálculos preliminares hablan más o menos de ¢300.000 millones, que es lo que puede generar este traslado de las personas al salario global”.
Jiménez indicó que los seis meses respondían a un plazo que consideraban razonable, pese a que no existan datos o estudios técnicos que avalen dicha medida.
“Estamos planteando un plazo de seis meses, que es lo más prudente y razonable para que las instancias hagan los ajustes correspondientes y puedan dar ese paso importante”, añadió.
“Le damos al funcionario la posibilidad de que decida si se queda igual con el salario compuesto o si mira hacia el salario global. Es una decisión muy propia y muy respetable que va a tener cada funcionario en ese sentido”, concluyó el legislador.
