
Los ministros de Hacienda y Educación Pública Nogui Acosta y Leonardo Sánchez, respectivamente, se pronunciaron en contra de un proyecto de ley que pretende pasar a los educadores al sistema de salario global.
La iniciativa, impulsada por la liberacionista Sonia Rojas, plantea que los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) que devengan salario compuesto tengan la posibilidad de trasladarse voluntariamente a este esquema en el plazo de un año.
No obstante, el titular de Hacienda aseguró que avanzar con dicha propuesta le costaría ¢238.000 millones al Estado.
“Esto podría generar un impacto fiscal, cada colón cuenta y se deben balancear las obligaciones del Estado. Nosotros dedicamos un 20,6% del presupuesto para educación y no podemos hacer chocolate sin cacao. Este proyecto compromete la estabilidad fiscal y aumenta el gasto de forma abrupta, ¿cómo se va a financiar eso?, ¿con deuda?”, reclamó.
Sánchez, indicó que lo recomendable es que el traslado se debería hacer de forma gradual y no de golpe para no afectar las finanzas estatales.
“Solo este año tenemos más de 11.000 personas en salario global y eso impacta en las finanzas, nos encantaría hacerlo, pero no se puede hacer de golpe. El cambio debe ser ordenado y paulatino”, señaló.