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Nogui Acosta, ministro de Hacienda, ve con buenos ojos que en vez de estipular un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) anualmente hacia la educación, se tenga un monto nominal.
Es decir, que se establezca un valor fijo que pueda variar, pero que no esté sujeto al crecimiento de la economía.
Por ejemplo, para este 2025 se aprobó un presupuesto de ¢2,61 billones, monto que, si bien puede representar un aumento en comparación con años anteriores, el gasto porcentual cada vez se aleja más de lo estipulado por la Constitución.
“No podemos relacionar un gasto de gobierno con el PIB, porque no hay una relación tan directa en la recaudación de impuestos con relación al PIB. Y si usted ve, una parte del PIB, que es el régimen definitivo, crece lentamente y una parte de Zona Franca particularmente no contribuye en la misma proporción al pago de impuestos.
Entonces, deberíamos plantearnos cuál es el escenario en donde el gobierno tenga la capacidad y los recursos para cumplir con sus obligaciones”, señaló Acosta a Diario Extra.
Incluso, Acosta afirma que es similar a lo que sucede en economías como la de Singapur, donde, debido al acelerado crecimiento del PIB, el porcentaje va disminuyendo.
“Así lo hacemos (como en Singapur). En este gobierno ha habido un aumento nominal del presupuesto de educación de manera reiterada y si encuentras una disminución de 2024 versus 2025 es porque incluimos el salario y los retroactivos del salario que no se habían dado en el 2020”, señaló.
La idea resulta positiva para el jerarca, alega que no es el momento adecuado para presentar una reforma de este tipo, puesto que en esta coyuntura no considera que exista “oportunidad política”.
Los sindicatos afirman que este nuevo modelo de cálculo resultaría perjudicial.
Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (Ande), considera que debe mantenerse tal como está estipulado en la Carta Magna, donde se señala una relación directa entre el PIB y los fondos girados, ya que esto da mayor garantía de recursos.
“La inversión tiene que verse en términos de calidad en los servicios que se brindan y, si bien es cierto que tenemos buenas calificaciones por los economistas en el tema de la deuda, eso implica un sacrificio muy grande en el tema social y lo estamos viviendo hoy día”, alegó.
Por su parte, Vivian Chaves, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), considera que, aunque no se puede tener un criterio sin una propuesta técnica, menciona que la actual administración siempre ha buscado ser esquiva en otorgar ese 8%.