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Ser funcionario del Ministerio de Hacienda tiene sus ventajas. Quienes trabajan en dicha cartera tienen acceso a una formación extra y financiada con fondos públicos.
En los últimos tres años ese ministerio destinó ¢58 millones a pagar los cursos de capacitación de sus colaboradores. Esto sin contar las actividades fuera del país.
Para que tenga una idea, Hacienda pagó este año ¢1.080.000 en costear un curso de Análisis de Ambiente en Big Data para tres de sus colaboradores y otro monto similar en un programa de gestión de datos para la toma de decisiones.
Además llevó a 12 funcionarios a recibir una capacitación en el uso y manipulación de la cámara de video. Esto tuvo un costo de ¢433.440.
Los proveedores de estos cursos son colegios profesionales y empresas privadas. Una misma compañía facturó en 2019 el 50% del monto total para ese año en capacitaciones, es decir ¢28,5 millones.
Para capacitar a 37 funcionarios en Jurisprudencia en Contratación Administrativa, Hacienda pagó ¢7,2 millones y ¢5,8 millones en un curso sobre reajuste de precio en los contratos de obras públicas.
Hellen Morales, titular de la Dirección Administrativa y Financiera, así como directora a.i. del Centro de Investigación y Formación Hacendaria, indicó a DIARIO EXTRA que se trata de programas de formación complementaria.
Los cursos tratan de materia aduanera, tributaria, presupuesto, contabilidad pública, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), gestión de riesgos, control interno, auditoría, gestión ambiental, teletrabajo, servicio al cliente, inglés, Excel, herramientas para análisis de datos, gestión de procesos, gestión para resultados, derechos humanos y contratación administrativa.
Aseguró que solo dos funcionarios incumplieron las condiciones de aprobación para un curso. Este costó casi ¢300.000 y ahora Hacienda debe aplicar el cobro respectivo.
EN DUDA
Un informe de la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, del que EL Diario del Pueblo tiene una copia, puso en duda el control de los requisitos establecidos para participar en actividades de capacitación y el cobro de los cursos cuando no se concluyen.
Indicaron que resulta de especial atención debido al riesgo de incobrabilidad ante el incumplimiento de algunas de las obligaciones que se derivan de estos.
Morales explicó que cuando se registran casos como esos se conforma un expediente administrativo que se traslada al despacho del ministro para que la Dirección Jurídica lleve a cabo las gestiones correspondientes a fin de determinar la verdad de los hechos, lo cual dará origen a una resolución donde se establezca si se hará un cobro o no.
No obstante, Hacienda había indicado que no contaba con un procedimiento para estimar costos totales, por lo cual para los cálculos actuales solo considera los salarios de los profesores o el costo del curso.
La investigación AI-INF-001-2019 también concluyó que en algunos casos no se han justificado y documentado las decisiones respecto a la exclusión de determinado rubro al momento de establecer el costo de la actividad de capacitación.