A pesar de que desde enero de 2022 se aprobó un crédito de $300 millones para la creación del Fondo Nacional de Avales, gestionado por el Gobierno dos años antes, el cual serviría para el rescate de pequeños y medianos empresarios afectados por los cierres ante el covid-19, el Ministerio de Hacienda mantiene engavetados $270 millones, es decir, más de ¢139.000 millones al tipo de cambio actual.
De dicho préstamo financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Hacienda utilizó $30 millones (¢8.530 millones de ese entonces) en diciembre de 2023 para pagar parte de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo denuncia la diputada liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, luego de recibir oficio emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
Según indica la congresista, el hecho de que dichos recursos se mantengan ociosos es por una decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a pesar de que corren los intereses del crédito desde hace más de dos años.
“Lo lamentable es que se han pagado $33 millones en intereses que se pudieron haber usado para otros fines, más ahora que se han dado a conocer recortes en becas, vivienda y otros renglones importantes”, acusó Ramírez.
OTROS USOS
De acuerdo con el oficio del ente contralor, el Gobierno debe utilizar los recursos del préstamo para gestionar la creación del Fondo Nacional de Avales y no para financiar otros gastos gubernamentales, como se ha planteado.
El propio Ministerio de Hacienda, en respuesta a consultas enviadas por la legisladora verdiblanca, aceptó que recientemente preguntó al BCIE, como organismo acreedor, si existe la posibilidad de utilizar los $270 millones en otros destinos a lo que el banco respondió afirmativamente, de acuerdo con la Sección 11.03 del contrato del préstamo.
“Desde el 4 de noviembre de 2020, el Banco modificó la resolución aprobatoria del Préstamo No. 2252 liberando el destino de las limitaciones establecidas originalmente, por lo que, si los recursos se usan para sustituir deuda interna o externa, el BCIE lo considerará como un destino elegible y acorde con lo estipulado en el contrato suscrito, por lo que no se requerirá ninguna modificación contractual al respecto”, contestó la entidad financiera.