El departamento de egresos del Ministerio de Hacienda ya no sabe cómo hará para multiplicar los recursos y cumplir con los compromisos económicos que tiene, como por ejemplo el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta que debe trasladarle al Patronato Nacional de la Infancia (Pani).
“En el caso particular del Pani, el Ministerio ha indicado que la asignación del 7% del impuesto sobre la renta a esa institución nació sin fuente de financiamiento, esto porque al momento de la creación de la ley que destina este porcentaje al PANI, ya el impuesto estaba distribuido para financiar diversas políticas públicas. Para financiar el 7% habría que quitar recursos a otros programas sociales”, indicó Hacienda a través de su oficina de prensa.
Dentro de estos programas se encuentra: salud, seguridad ciudadana, derechos de los privados de libertad, protección del ambiente, entre otros. Solo educación no se podría afectar porque tiene un monto ya determinado que el es 8% del producto interno bruto (PIB).
No obstante esta realidad económica, lo cierto es que ya la Sala Constitucional le dio un “jaque mate” al ministro de Hacienda, Édgar Ayales, al indicarle en la sentencia 2013-003691 que debía debía pagar ese porcentaje al Pani, a riesgo de ser castigado hasta con pena de tres meses a dos años de cárcel en caso de desobediencia.
PANI URGE DE RECURSOS
En diversas ocasiones, la presidencia ejecutiva del Pani ha explicado que con el aumento de casos que se atienden, así como las nuevas problemáticas que llegan, se les hace imposible trabajar con los recursos que tiene actualmente la institución.
Un ejemplo de ello es la falta de profesionales para atender los 41 albergues estatales, en donde una misma psicóloga o trabajadora social tiene que atender varios albergues, sin que se les pueda ofrecer el tiempo que realmente necesitan cada uno de los internos. Además, algunos de estos sitios ya sobrepasaron la cantidad de niños y jóvenes que puede atender, pero a quienes tampoco es posible negarles asistencia, sobrepoblando los albergues.
Marjorie Dowling, psicóloga del Pani, aseguró que esto no solo afecta a la población, sino que también a las “tías” (personas que cuidan a los menores en los albergues), ya que se presentan situaciones de violencia como el vivido en el albergue de hombres en La Garita de Alajuela, donde un grupo de adolescentes quemó el inmueble.
Esta incertidumbre respecto al giro de recursos preocupa a los actuales empleados del Pani quienes creen que el Gobierno buscará cualquier excusa para no trasladarles el dinero que por ley tienen derecho.