Hacienda busca “paridad en mercados” con impuesto a inversiones en el extranjero

Las rentas pasivas generadas por inversiones fuera del país que obtengan los residentes en Costa Rica podrían quedar sujetas a un impuesto cuando esas ganancias ingresen nuevamente al sistema financiero nacional, como parte de una reforma que Hacienda plantea para equiparar el tratamiento tributario de las inversiones nacionales y extranjeras.

La propuesta establece que el gravamen alcanzaría a personas físicas, personas jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión y otras estructuras residentes en Costa Rica que sean titulares de bienes, capitales o derechos situados o utilizados fuera del territorio nacional y que produzcan rentas pasivas.

“Yo, cuando administro impuestos, lo que busco es que los impuestos no incidan en dónde invertir, salvo que haya una decisión de política pública. Pero una decisión de política pública no puede ser que, más bien, la gente se lleve la plata fuera del territorio nacional, porque eso quita profundidad al sistema financiero”, explicó Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

El proyecto de ley pretende modificar el tratamiento que actualmente reciben las rentas pasivas de fuente extranjera, cuya regulación cambió en 2023.

La exposición de motivos señala que dos residentes con ingresos iguales provenientes del extranjero pueden recibir un tratamiento distinto según pertenezcan o no a un grupo multinacional.

“Lastimosamente, con el cambio de ley se perdieron todos esos recursos. Es totalmente absurdo que, después de una reforma fiscal donde, como país, acordamos subir los impuestos a los costarricenses, a todos, a las personas de más alto ingreso les dejemos de cobrar impuestos por rentas que tienen fuera del territorio nacional”, agregó Carvajal.

La iniciativa plantea que el impuesto se aplique sobre rentas como intereses, dividendos, regalías, arrendamientos y ganancias de capital provenientes de bienes, capitales o derechos situados fuera del territorio nacional.

Carvajal señaló que el esquema utilizaría la misma tarifa del 15 % que actualmente se aplica a determinados rendimientos financieros dentro del país, independientemente del monto de la renta generada por la inversión extranjera.

“Es la misma que se aplica hoy a las inversiones en territorio nacional. O sea, cuando usted invierte en un certificado a plazo, el 15 % de los intereses se le retiene indistintamente del monto. Es por eso por lo que se requiere esa consolidación de las rentas para poder tener una tarifa progresiva”, afirmó.

De acuerdo con el proyecto, la renta imponible se determinaría a partir del monto bruto percibido, al que se restaría el impuesto análogo retenido o pagado en el exterior. Sobre el resultado se aplicaría la tarifa correspondiente, con lo que se busca evitar una doble imposición sobre una misma renta.

La propuesta también establece que las entidades financieras sujetas a supervisión tendrían sus rentas afectas al impuesto sobre las utilidades, mientras que otras personas o estructuras residentes que obtengan rentas pasivas extranjeras quedarían sujetas al régimen correspondiente de rentas y ganancias de capital. Los fondos de inversión también aparecen expresamente entre los contribuyentes contemplados por la iniciativa.

Carvajal indicó que el alcance puede involucrar inversiones realizadas por entidades financieras y personas físicas, aunque aclaró que las pensiones permanecen exentas y que las operadoras de pensiones no quedarían afectadas de la misma manera por el proyecto.

“Podemos verlo como las entidades financieras. Los bancos pueden trasladar recursos de los ahorrantes costarricenses fuera del país y eso ingresa sin pagar impuestos en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, estas entidades financieras, cuando van a hacer estas inversiones y regresan con estas ganancias, eso ya estaría sujeto en el caso de utilidades. Recordemos que las utilidades de estas operadoras están exentas del impuesto”, comentó el viceministro.

Falta definir formularios

Uno de los aspectos que todavía no está desarrollado corresponde al mecanismo mediante el cual Hacienda recibiría y fiscalizaría las declaraciones de las personas físicas que mantengan inversiones en el extranjero.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los seis meses posteriores a su entrada en vigor.

Carvajal reconoció que los formularios, procedimientos y mecanismos de control todavía deben definirse durante la etapa de implementación. Esto incluye determinar cómo se reportarán las inversiones, cuándo se considerará generado el impuesto y cómo Hacienda verificará los recursos cuando una persona liquide una inversión y decida ingresar el dinero al país.

“Ahí ya entrará el tema de los formularios y las resoluciones que emita la Dirección General de Tributación para implementar y operativizar estas leyes, como suele suceder en el caso del impuesto de ventas, que tiene sus declaraciones respectivas. Entonces, una vez aprobada la ley, se trabajan los formularios y reglamentaciones que requiere”, explicó.

El viceministro agregó que Hacienda ya ha avanzado en la validación de algunos mecanismos, pero evitó detallar cómo se realizará la fiscalización de las personas físicas mientras el proyecto continúa en discusión.

“Ya eso es parte de la letra menuda, que una vez que empecemos a implementar los mecanismos de control, también, pues, iremos definiendo, que es un poco complicado anunciar ahorita cómo se va a controlar”, manifestó.

Hacienda estima que la medida podría generar más de ¢14 mil millones en ingresos adicionales. Carvajal indicó que esa cifra se sumaría a otros esfuerzos de recaudación y a las medidas contra el contrabando y la evasión fiscal.

Víctor Carvajal

Viceministro de Hacienda

“Tenemos que revertir un espacio negro en Costa Rica que fue resellar esta ley. Estamos hablando de la gente con más recursos que tiene inversiones fuera del país. Nuestra tarea es modernizar el sistema tributario y principalmente enfocarnos en cobrar mejor los impuestos”.