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La pandemia ha sido la plataforma para poder ensanchar las grietas de la desigualdad, así como de la injusticia. La culpa no ha sido del virus sino del egoísmo humano que ha encontrado terreno fértil para desarrollarse en medio de un modelo económico neoliberal. El constante ataque al Estado de Bienestar, así como la degradación de condiciones laborales a trabajadores del sector privado sigue creciendo, mientras el discurso imperante sigue apelando a las ayudas a los acumuladores de capital.
Una de las tragedias que se han visto en las últimas semanas y que apunta a prolongarse es en el llamado plan de flexibilidad laboral, que no es más que un sistema alcahuete de apoyo para denigrar la condición laboral de los y las trabajadoras. Se apela a un criterio porcentual de pérdida de ganancias para optar por el visto bueno del Estado para modificar unilateralmente las condiciones iniciales de trabajo de los empleados, pero la realidad del modelo neoliberal es que la plusvalía se procurará alcanzar con la menor cantidad de fuerza de trabajo posible, dicho de otro modo, posiblemente existiría al menos alguna empresa que pudiera movilizar a sus empleados con denigración de contrato para solventar en un día lo que antes de la pandemia resolvía con la totalidad de la planilla previo a la pandemia.
Los logros sociales que se han conquistado en materia laboral no deben ser erradicados ni denigrados. La Asamblea Legislativa debe ser un escenario que resguarde el bienestar ciudadano y deje de responder a los intereses de un grupo empresarial específico. El silencio cómplice de los empleados ante esta injusticia laboral debe quebrantarse, las voces indignadas deben emerger.
No podemos dormir tranquilos mientras ciudadanos y ciudadanas están viviendo la angustia de trabajar bajo la incertidumbre de un contrato laboral líquido que toma forma según los intereses del patrono. El gobierno debe suprimir esta modalidad que denigra las condiciones laborales pues, como se ha demostrado recientemente, si fuera por el grupo empresarial esta situación puede aplazarse hasta por dos años, en la lógica económica de un empresariado que no entiende qué significa vivir con medio salario base al mes, así como con la angustia de un despido injustificado en cualquier momento bajo pretexto de pandemia.
Ninguna empresa será exitosa mientras no dignifique la condición laboral de las personas que son su fuerza de trabajo. Las Trabajadoras y Trabajadores de Costa Rica no deben ceder al miedo, deben denunciar la injusticia y demandar al Estado las condiciones necesarias para una vida laboral digna. Muchas son las tareas por ejecutar, pero lo fundamental será organizarse en sindicatos y hacer llegar la voz a la Asamblea Legislativa.
*Profesor