A partir del mes de mayo del presente año, las autoridades locales entrantes tienen un gran reto, que sus nuevas administraciones municipales decanten en una gestión ágil, atlética, de corte empresarial que tenga como resultado la eficacia y eficiencia en los diferentes modelos de servicio público que prestan.
Hoy en día el munícipe exige -y con justa razón- que haya un sentido de calidad total en la prestación de los servicios públicos locales que recibe; que se les permita participar en las decisiones vitales de la organización de estos servicios; pero también que exista transparencia en la gestión y la consecuente rendición de cuentas oportunas. Todo ello aunado a un sentido de neutralidad en el trato que se les da como usuarios, basados en un modelo de especialidad máxima en el desarrollo de las actividades, impregnado de absoluta efectividad y oportunidad, exigiendo además que existan modelos de fijación tarifarios justos, universales, basados en costos que sean objetivos, y; finalmente, que todo lo anterior esté acompañado de un régimen seguro y objetivo de responsabilidades que responda, tanto por la acción administrativa, como por la inacción de los funcionarios públicos que la componen y sus jerarcas.
Una municipalidad, como ente de alcance constitucional que es, tiene que dar respuesta efectiva a múltiples factores que la rodean tales como el avance de tipo tecnológico que implica los nuevos modelos que se dan día a día en la manera de hacer las cosas, el contexto económico en el que se encuentra inserta y gracias al cual hay que monitorear variables tan importantes como la inflación, los índices de pobreza, la dinámica de los sectores productivos y además el factor de tipo político, a través del cual las organizaciones en general -y las Municipalidades en específico- deben entender los principios ideológicos y las tendencias paradigmáticas que le rodean y el factor social, mediante el cual la organización entiende, analiza y conoce a la gente a la que sirve, cómo cambia, cómo piensa, cómo es en general.
Las Municipalidades tienden a funcionar cada vez más como corporaciones serviciales de carácter político, cuya principal función es la satisfacción de las necesidades de los munícipes y la adecuada gestión de los intereses locales que se les han endosado; es decir la búsqueda del Estado de bienestar. No deben olvidar los nuevos jerarcas municipales que, si el Municipio no existiera, la personas quedarían directamente a merced del Estado para la atención de sus exigencias y el Estado se dispersaría en una multitud de funciones que no las podría atender. Los Gobiernos Locales -a manera de puente entre el individuo y la sociedad política- lo protege frente a todos los poderes administrativos que los amenazan y ayuda a la gran administración pública a cumplir sus fines. Desde la Comisión de Derecho Municipal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, les deseamos éxitos en sus funciones. Que sus administraciones estén marcadas por la transparencia, la integridad, la legalidad de sus actuaciones y la dedicación al servicio público.
* Coordinador Comisión de Derecho Municipal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica