Radiográfica Costarricense (Racsa) es investigada por un paquete de más de 40 contrataciones entre instituciones públicas que ganó en un año.
Estas contrataciones se hicieron entre el 1º de diciembre de 2022 y el 2 de noviembre de 2023. Por esta razón 17 diputados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, Contraloría General de la República (CGR) y Procuraduría de la Ética Pública (PEP). La Contraloría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigaciones. En cuanto a la Procuraduría, hasta el momento no ha contestado la consulta que DIARIO EXTRA le hizo sobre la solicitud de los legisladores.
Son cuatro las causas que los diputados esperan se investiguen. Además de los contratos entre instituciones públicas donde Racsa es el oferente, se estudia un caso por los múltiples contratos que Oracle ha ganado con la empresa estatal. También se cuestiona la contratación de las tobilleras y finalmente todo el proceso para adjudicar las redes 5G.
CONTRATACIONES ENTRE
ENTES PÚBLICOS
Uno de los temas que más cuestionan los denunciantes es el de los más de 40 contratos entre instituciones públicas que Racsa ha ganado.Los diputados desconfían porque estas contrataciones se realizaron supuestamente sin cumplir con los requisitos legales. Son tres temas que se cuestionan en la denuncia: el primero de ellos se refiere a los estudios de mercado para tomar la decisión de contratar a Racsa, estudios de calidad y precio, y participación sustantiva.
¿Y LOS ESTUDIOS
DE MERCADO?
Son muchas las instituciones que otorgaron contratos a Racsa, sin embargo, según los legisladores, carecen de estudios de mercado.
Algunas de estas entidades son el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Relaciones Exteriores (MREC), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Planificación (Mideplan), Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).
A ellas se suman el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Banco Central, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Consejo de Transporte Público (CTP), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Por último, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem), Consejo Nacional de Producción (CNP), Centro Nacional de Música, Junta Administrativa de Migración y Extranjería, y Junta Administrativa de Imprenta Nacional.
La ley exige que la utilización de mecanismos de excepción diferentes a una licitación pública debe contar con un estudio de mercado que demuestre la factibilidad del contrato.
No obstante, los denunciantes se preguntan si en este caso se hicieron.
ESTUDIOS DE PRECIO
Y CALIDAD
Otro de los temas a investigar por la Fiscalía y la CGR es la presunta inexistencia de estudios que determinen si lo cobrado por Racsa está de acuerdo con lo razonable.
Igualmente, se cuestiona si la calidad de lo presentado por la Radiográfica tiene relación con el precio y con lo requerido por la institución contratante.
Según los denunciantes, no consta nada en los expedientes de las contrataciones que permita razonar que hay una relación entre la calidad y el precio de lo que oferta la empresa estatal.
PARTICIPACIÓN
SUSTANTIVA
Cuando se realizan contrataciones entre instituciones públicas, la ley exige que la empresa contratada demuestre tener una participación sustantiva en el contrato superior al 70%.
Esto significa que la empresa estatal puede subcontratar a otras hasta un 30% de los servicios o bienes que va a proveer.
Con esto se busca que las empresas estatales no sean utilizadas solo como intermediarias para contratar a otras privadas.
En el caso de Racsa, los diputados cuestionan si tiene participación sustantiva para enfrentar los 40 contratos.
Esto ocurre inclusive cuando en la mayoría de estas contrataciones la empresa estatal puede estar subcontratando a otras privadas.
En el otro lado de la cadena de contratación, Racsa estaría usando otros mecanismos diferentes a la licitación pública para establecer sus relaciones contractuales.
La ley le permite firmar consorcios con otras empresas o el establecimiento de relaciones de sociedad con otras organizaciones.
Ninguna de estas formas requiere un cartel de licitación.
En algunos casos denunciados se realizaría un esquema en el cual una institución pública contrata a Racsa de manera directa, que a su vez firmaría una relación ya sea de consorcio o de socio internacional con una empresa privada y en ninguna parte habría una licitación ni estudios de mercado.
Adicionalmente, los legisladores quieren que se investigue si este esquema usaría a Racsa, sin que esta tenga una participación sustantiva que demuestre su capacidad de ejecución de los contratos.