“Habría que valorar ley para intervenir teléfonos públicos de cárceles”

Aunque no se inclina por una respuesta afirmativa o negativa, Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que se debería analizar la posibilidad de intervenir las llamadas realizadas desde teléfonos públicos en centros penitenciarios.

Estas declaraciones surgen en el contexto de recientes investigaciones y operativos ejecutados por las autoridades judiciales para evitar que los cabecillas de organizaciones criminales sigan impartiendo órdenes desde prisión.

“En el país no existe una legislación que permita interceptar todas las llamadas que ingresan o salen de teléfonos públicos en los centros penitenciarios”, explicó Soto.

El funcionario reconoció que, en casos específicos, sí pueden solicitar la intervención de estos dispositivos, pero enfrentan la dificultad de que muchos privados de libertad los utilizan.

“Es algo que hay que valorar. No me inclino por decir sí o no, pero debemos analizarlo para determinar si no vulnera ningún derecho”, añadió.

Posturas

Guillermo Arroyo, exviceministro de Justicia, señaló que el desafío es diseñar una propuesta que garantice el derecho a la comunicación, pero que también permita combatir las actividades ilícitas desde las cárceles.

“Es posible, pero debe tratarse con mucho cuidado, ya que involucra derechos fundamentales. El reto es cómo evitar que se sigan cometiendo delitos desde prisión; hay que sentarse a discutirlo”, expresó.

Arroyo agregó que se deben considerar los permisos judiciales y analizar antecedentes de la Sala Constitucional sobre este tipo de temas.

Por su parte, Rafael Ángel García, representante de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, opinó que sería una medida válida si se aplica específicamente en áreas de máxima seguridad, donde se encuentran los reclusos más peligrosos.

“Apoyaríamos una legislación que permita intervenir todos los teléfonos públicos en zonas de alta contención y máxima seguridad. Esta medida sería clave para detener los actos de sicariato que se ordenan desde prisión”, afirmó.

García insistió en que esta propuesta debe evaluarse con seriedad, ya que podría contribuir significativamente a reducir la ola de violencia impulsada por el crimen organizado desde el interior de los centros penitenciarios.