Que sí, que no, que después, que podría ser, que ya no, que ahora sí, mejor más tarde.
¿Usted entendió esa oración? Posiblemente no. Ese es el mejor ejemplo para describir lo que ocurrió este lunes en la Asamblea Legislativa, cuando el Poder Ejecutivo y la fracción oficialista se refirieron al trámite de la reforma fiscal.
Ni los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), ni Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, ni la misma Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, fueron capaces de explicar de forma clara y concisa que el proyecto estrella de esta administración no había sido desconvocado.
Lo peor de todo es que ni ellos lo sabían. Por un lado, los legisladores estaban convencidos de que el plan fiscal sería sacado de la corriente legislativa; por el otro, Piza y Aguilar se quedaban mudos.
Y no, no fue un simple error, o que el tema se encuentre tan caliente que esas posibles fricciones salgan a la luz.
A criterio de expertos como Sergio Araya, la situación pone al descubierto que el margen de maniobra del Gobierno en cuanto a la reforma fiscal llegó a cero. Mensaje que reciben aún de peor forma las calificadoras de riesgo e inversionistas.
No se trató simplemente de una descoordinación o de un mal manejo de las palabras. Queda en evidencia lo que los diputados de oposición, sindicatos, sectores productivos y académicos han dicho: el abordaje de un tema tan sensible como lo es el plan fiscal ha sido nefasto.
No solo se trata de una iniciativa mucho más débil en cuanto a recaudación, sino que la urgencia por el tema ha provocado que el Gobierno presente textos sustitutivos sin ni siquiera tener garantizado el apoyo necesario en Cuesta de Moras.
Ni qué hablar de la forma en cómo hicieron a un lado al sector sindical, que representa la voz de miles de trabajadores tanto del sector público como del privado, que serán los que tendrán que sacar de su bolsillo la plata para que el Gobierno no se hunda.
Para rematar la posible desconvocatoria del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este martes, Víctor Morales, jefe de fracción del PAC, dijo que Carlos Alvarado, presidente de la República no le jaló las orejas a él (quien fue el que confirmó el retiro de la iniciativa), ni a los representantes del Ejecutivo que andaban ese día en la Asamblea.
El congresista asegura que no debió adelantarse a los hechos, ya que las negociaciones no habían parado.
Las contradicciones continúan, pues también el martes, Welmer Ramos, diputado del PAC que preside la Comisión Fiscal, manifestó que una carta firmada por Zapote llegó ese día hasta la fracción.
La idea inicial sí era pausar el proyecto mientras corrían a buscar los votos para revertir la exoneración a la canasta básica y la educación privada, generando la pérdida de ¢90 mil millones al plan de impuestos.
Todas estas contradicciones y correderas solo deberían dejar una lección a los señores del Gobierno y a sus diputados: la crisis fiscal es algo que hay que atender de forma urgente, pero hay que hacerlo bien.
No se vale que por correr sean las personas más pobres las que terminen pagando, mientras los que más tienen, así como los que invierten en bolsa, queden exonerados.
No se vale que en esa corredera se haga un proyecto que a la larga no venga a solventar el problema fiscal en el que está sumergido el país y que, en unos años, estemos en las mismas andadas.
El mensaje es claro señores del Gobierno, hagan las cosas, sí, pero háganlas bien, con paciencia, a un paso firme, de paso sólido, que convenza a la gran mayoría, a los grandes empresarios y a los pequeños, al consumidor final y al comerciante, al pescador y al ejecutivo.
Como bien lo decían las cámaras empresariales, el mensaje también es una señal clara para el Gobierno: quizá la historia les esté dando la oportunidad para resolver los disparadores del gasto público, para acomodar la casa, antes de salir a pedir más plata.
Costa Rica está con ustedes, siempre y cuando hagan las cosas bien. La sopa a fuego lento y bien hecha sabe mejor que la hecha a la carrera y sin sal.