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El tráfico ilícito de armas se ha consolidado como un motor clave del crimen organizado, dándole el músculo necesario para disputar territorios y perpetrar hechos violentos.
Sin embargo, una amenaza actual para la seguridad reside en las denominadas “armas fantasma” o PMF (Privately Made Firearms), según Farlem Portuguez, investigador de la Sección Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Su fabricación es realizada por particulares con herramientas comunes y conocimientos técnicos específicos.
El proceso consiste en manufacturar o perforar la pieza central, el cajón de mecanismos, para luego ensamblarla con componentes de libre venta como cañones, correderas o culatas.
La gravedad de esta problemática radica en que estos accesorios se venden sin regulación ni permisos.
“A diferencia de un arma convencional, estas armas de fabricación particular no poseen números de serie, modelo ni fabricante. Al carecer por completo de estos registros, es imposible para las autoridades darles trazabilidad policial para determinar su origen”, dijo Portuguez.
A esta tendencia se suman las armas impresas con tecnología 3D mediante filamentos plásticos. Pieza por pieza, estas armas son ensambladas para resultar completamente funcionales.
Aunque su vida útil es reducida, soportando apenas uno o dos disparos antes de dañarse, representan un grave riesgo de “armamento desechable” que ya registra presencia en el país.
“Aunque hemos detectado la presencia de armas creadas con tecnología de impresión 3D a base de filamentos plásticos, su capacidad de uso es sumamente reducida; las pruebas técnicas nos demuestran que tienen un rango de vida útil que soporta, a lo sumo, uno o dos disparos antes de dañarse”, agregó.
El tráfico también se nutre del desvío de armas lícitas que caen en la ilegalidad por robos, extravíos o el uso de testaferros (personas que registran legalmente las armas bajo la Ley 7.530 para entregarlas a las bandas).
Además, la letalidad se multiplica mediante el contrabando de switches o chips de venta posterior, dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas capaces de disparar ráfagas, según Portuguez.
Los criminales utilizan sofisticadas técnicas para introducir armas al territorio costarricense.
Destacan la contaminación de contenedores y los envíos postales de componentes sueltos difíciles de detectar por escáneres si el personal no tiene capacitación específica.
“En estos casos, ocultan las armas en paredes falsas, debajo de los pisos o incluso dentro de los sistemas de ventilación de los contenedores refrigerados”, afirmó.
En las encomiendas nacionales también se han decomisado fusiles AR-15 ocultos en cajas.
El investigador indicó que uno de los retos principales es actualizar la legislación en tema de municiones, ya que podría estar desfasada.
“Nuestra legislación actual tiene un vacío crítico, ya que no limita la cantidad de munición que un usuario puede comprar en las armerías, no regula su uso posterior ni exige un marcaje que nos permita darle trazabilidad en la escena del crimen”, explicó.

