Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sintrajud), hizo un llamado a los trabajadores y pensionados judiciales para que se manifiesten el próximo lunes 6 de enero en la Sesión de Corte Plena a la 1:00 p.m., donde los magistrados discutirán si acogen o no la resolución de la Contraloría General de la República que obliga a este poder de la República a acatar lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de remuneraciones.
“Llegó el momento de defender nuestros derechos laborales, los puntos que defendimos en la huelga del 2018 en contra del combo fiscal, y tenemos que hacer valer que la resolución de la Sala IV que dice que esta ley no aplica al Poder Judicial se mantenga”, afirmó Cartín en un video.
Agregó que no pueden permitir que las presiones políticas externas de la Asamblea Legislativa, de Casa Presidencial y de la misma Contraloría incidan en las decisiones que deben tomar los magistrados.
“Llegó la hora de exigir a los magistrados que sean fuertes, que sean vehementes y que velen porque la independencia judicial sea una realidad, no es posible que desde afuera vengan a exigir lo que debemos aplicar”, insistió Cartín.
ORDEN
Fue el pasado 20 de diciembre que se dio a conocer la orden que la Contraloría entregó al presidente de la Corte Suprema, magistrado Fernando Cruz, donde se aclara que deben cumplir las disposiciones sobre las políticas de remuneración que contiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El Título III de dicha Ley especifica las nuevas reglas que entran a regir en materia salarial como lo son los pluses: dedicación exclusiva, el tope del auxilio de cesantía, el porcentaje reconocido por concepto de anualidades, el pago de la carrera profesional y lo referente a la prohibición. También se agrega que se efectuarán evaluaciones de desempeño a todos los funcionarios.
Y es que tras un acuerdo adoptado el 18 de marzo anterior por la Corte Plena, la instancia judicial señaló que las nuevas pautas de la Reforma Fiscal eran aplicables a los nuevos funcionarios o los que reingresen a la institución, más no así a aquellos que en la actualidad mantienen una relación de servicio con dicho poder de la República, para lo cual alegó la existencia de derechos adquiridos de buena fe.
Señalan también que el texto del ente contralor no analizó la resolución de la Sala Constitucional vinculante con el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.