Los gremios del Poder Judicial califican como una intromisión “violatoria a los principios de separación de poderes y una afectación a la independencia judicial”, la resolución que la Contraloría General de la República entregó al presidente de la Corte Suprema, magistrado Fernando Cruz, el pasado viernes, y donde se le ordena cumplir las disposiciones sobre las políticas de remuneración que contiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En este sentido, el Título III de dicha Ley específica las nuevas reglas que entran a regir en materia salarial como lo son los pluses: dedicación exclusiva, el tope del auxilio de cesantía, el porcentaje reconocido por concepto de anualidades, el pago de la carrera profesional y lo referente a la prohibición. También se agrega que se efectuarán evaluaciones de desempeño a todos los funcionarios.
Y es que tras un acuerdo adoptado el 18 de marzo anterior por la Corte Plena, la instancia judicial señaló que las nuevas pautas de la Reforma Fiscal eran aplicables a los nuevos funcionarios o los que reingresen a la institución, más no así a aquellos que en la actualidad mantienen una relación de servicio con dicho poder de la República, para lo cual alegó la existencia de derechos adquiridos de buena fe.
DUDAS
Mediante un comunicado de prensa que difundieron los distintos gremios judiciales, se cuestiona el procedimiento que tuvo dentro de la Contraloría esta resolución.
Se afirma que la misma proviene de una “revisión” del tema y que no fue producto de ninguna gestión.
“El documento no lo firma ni la Contralora, ni la Subcontralora, sino los fiscalizadores y asistentes. La duda que surge es en cuanto a la legitimación de estos y más bien nos hace entrar a revisar el nivel de competencias de la gerencia y estos otros funcionarios para girar una orden dirigida a un presidente de un Poder de la República”, indica el comunicado.
Señalan también que el texto del ente contralor no analizó la resolución de la Sala Constitucional vinculante con el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Los gremios analizarán a profundidad la resolución de la Contraloría con el fin de definir las acciones legales que tomarán.