La Abolición del Ejército por don José Figueres Ferrer, después de la Revolución de 1948, es una de las más grandes conquistas históricas de nuestro pueblo.
Ese hecho vital nos singulariza y diferencia en América Latina y hace de Costa Rica, a nivel internacional, un país libre y democrático, con enormes oportunidades de desarrollo económico y social, en el medio de las Américas, costas en ambos océanos, una sociedad educada y con seguridad jurídica. Esa fue la “visión país” de los fundadores de la II República.
Un gran error que hemos cometido, en estos 75 años, ha sido no dotar a nuestra Fuerza Pública de adecuados recursos en el Presupuesto Nacional, profesionalizarla y capacitarla, con suficientes efectivos policiales bien remunerados, asegurados contra todo tipo de riesgos y con medios y alta tecnología para cumplir sus deberes democráticos y cívicos.
Como sí se hizo y por muchas décadas, con el Magisterio Nacional.
La Ley General de Policía de 1994 debe ser reformada y actualizada, pero es el marco jurídico vigente para lograr el objetivo nacional de una Fuerza Pública de primer nivel profesional, no politizada, eficiente y al servicio único y exclusivo de los superiores intereses nacionales y no de quienes, en forma transitoria, ocupan la Casa Presidencial, independientemente de quienes sean.
Ahora, en lugar de avanzar en esa dirección correcta, necesaria, democrática y civilista, se da un paso hacia atrás y se fortalece la UEI como una “policía política” al servicio del presidente de la República. Un grave error histórico.
Es todo lo contrario. Tanto la DIS como la UEI deberían pertenecer al Ministerio de Seguridad Pública y todas las Fuerzas de Policía de que dispone el país, en el ámbito del Poder Ejecutivo, estar bajo la coordinación superior operativa del Consejo de Seguridad Nacional, como establece la Ley General de Policía y bien coordinadas con el OIJ y las Policías Municipales. El presidente de la República debe ejercer las funciones constitucionales de su rango superior.
¿Y usted qué opina?
