El Poder Ejecutivo urgió a los diputados que avancen con el plan 4-3, el cual busca implementar jornadas laborales de 12 horas.
La solicitud fue hecha por Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), y Alejandro Barrantes, viceministro parlamentario de la Presidencia, durante la reunión de jefaturas de fracción del Congreso.
Los jerarcas señalaron que el proyecto se ha postergado más de la cuenta y las principales afectadas son las mujeres y personas jóvenes. Asimismo, afirmaron que se perderían condiciones de competitividad por no progresar con esta iniciativa.
“La propuesta traerá generación de empleo para los que más lo necesitan. Todos hemos visto en las noticias que estamos en un entorno internacional complejo (…). Todo eso genera incertidumbre en las multinacionales a la hora de tomar decisiones de establecerse acá.
Nosotros tenemos que avanzar con lo que tenemos en nuestras manos. La decisión (sobre este proyecto) puede mejorar la competitividad del país. Apelamos que ustedes hagan historia, tengan patriotismo y adecuen el marco laboral a 2025”, dijo Tovar.
El texto establece “jornadas excepcionales” en distintas actividades como zonas francas, industria y manufactura. La Comisión de Asuntos Jurídicos ya le dio luz verde.
Tanto Casa Presidencial como las cámaras empresariales están presionando al Parlamento sobre el asunto, no obstante, sectores sindicales, de trabajadores y universidades dudan de la propuesta.
“Las empresas necesitan equipos 24/7 y que puedan operar con flexibilidad. Necesitamos jornadas competitivas, las compañías han perdido un 25% de su capacidad por no tener estas jornadas (…). Hay una de ellas que quiere generar 6.000 empleos, pero necesita jornadas flexibles. Es un tema operativo”, secundó López.
Agregó que si no se avanza las empresas podrían irse a República Dominicana, El Salvador, Guatemala u otras naciones de la región.
La iniciativa ya tiene aprobada la vía rápida, sin embargo, los legisladores deben “quemarle” mociones y se podrían retrasar por consultas ante la Sala Constitucional. Incluso a lo interno de las fracciones existe escepticismo, principalmente en el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA).
