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El Gobierno de la República se quedó sin ¢31.000 millones destinados para el servicio de la deuda pública porque los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios consideraron tomar dichos recursos para destinarlos a obras de infraestructura vial, asociaciones de desarrollo integral (ADI) y temas vinculados a cultura.
La primera moción aprobada fue propuesta por el legislador Gilbert Jiménez para que ¢10.000 millones que estaban dirigidos a los intereses de la deuda se asignaran al Ministerio de Gobernación y Policía, con el fin de que, por medio de una transferencia corriente, se les destinen a las ADI.
Caso similar con dos mociones más: una por ¢9.802 millones que será destinada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que se les giren a las municipalidades, según Ley 8114, y otra por un monto de ¢500 millones para la compra de asfalto.
Además se le dio trámite a una moción para que el Ministerio de Trabajo pueda financiar con ¢10.000 millones al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
La última moción aprobada destinaría ¢600 millones para las fundaciones Museo de los Niños y Parque La Libertad.
La mayoría de mociones la respaldaron las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR) y Frente Amplio (FA).
“Sería irresponsable recortar en materia social e infraestructura”, manifestó Jonathan Acuña, jefe de bancada del Frente Amplio (FA).
Votaron en contra de las rebajas presupuestarias los diputados de Progreso Social Democrático (PPSD) y Liberal Progresista (PLP), quienes señalaron que el traslado presupuestario no cuenta con carácter técnico.
“¿Cuál es la justificación técnica, señores? ¿Hasta dónde queremos cavar el hueco fiscal? ¿De dónde sacamos los recursos? No hay plata. Quiero llamar a la reflexión porque todos quieren que ataquemos la deuda, que seamos responsables, pero estos movimientos no tienen justificación técnica\”, señaló la oficialista Pilar Cisneros.
La comisión votó 15 de 55 mociones presentadas al presupuesto. Se estima que a finales de semana los diputados terminarían de analizarlas. A partir de dicho trámite se emitirá un informe que pasaría al plenario, donde los legisladores tienen chance de aprobar el presupuesto de la República hasta el 30 de noviembre como fecha límite.
No obstante, los congresistas podrían presentarle mociones al texto en el plenario.