Un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) menciona que el gobierno podría ahorrarse un total de ¢180.685 millones para el 2025 si se aplica correctamente un decreto firmado por el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo.
Se trata del decreto 42798-H, que busca aplicar un recorte en el gasto del gobierno central, el documento fue firmado en enero y propone sentar una base de recorte en el gasto, usando como referencia los gastos incurridos por las instituciones en el 2020.
“Los rubros de gasto que se consideran en el decreto representan un 24,9% del gasto devengado en 2020, el cual en su mayoría se concentra en la partida de transferencias corrientes 22,3%, seguido del rubro de adquisición de bienes y servicios que representa el 2,0% del gasto y las subpartiadas de remuneraciones que en su conjunto equivalen al 0,6% del total”, menciona el documento.
ACCIONES
El primero de los recortes generaría un ahorro de al menos ¢19 mil millones, al reducir el monto de las transferencias, según la Contraloría esa cifra representa cerca del 20% del total del gasto del Gobierno Central.
“Esta Contraloría insta a las entidades receptoras a buscar e implementar mecanismos oportunos dirigidos a lograr mayor eficiencia del gasto, y a ir previendo y ejecutando los ajustes necesarios para garantizar a cabalidad la continuidad y calidad del servicio público que prestan”, señala el ente contralor.
MÁS TIJERA
Otro de los rubros que tendría mayores recortes son las partidas de compra de bienes y servicios, que podrían reducirse en al menos ¢60 mil millones si se siguen las disposiciones del decreto, solo para este año, el ahorro sería de al menos ¢13.300 millones.
La Contraloría critica que en el decreto se haya exceptuado al Poder Judicial, Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya que se generaría un ahorro de al menos un 4,3% más de lo proyectado.
Las limitaciones en el gasto de servicios especiales ahorrarían unos ¢500 millones al 2025, mientras que la reducción en el pago de suplencias generaría un respiro de ¢13 mil millones dentro de 4 años y una baja de ¢9 mil millones en el pago de remuneraciones eventuales.
Según la Contraloría, si se aplican las medidas de la mano con el cumplimiento de la regla fiscal podría tenerse un superávit primario al final del periodo de la aplicación de la normativa.