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El gobierno no quiere ceder a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de acogerse a la medida cautelar que ordena la suspensión de la restricción vehicular.
Tras consulta de DIARIO EXTRA, la Oficina de Comunicación de Casa Presidencial, anunció que, en los próximos días, la Procuraduría General de la República, estará presentando la apelación correspondiente.
El Periódico de Más Venta de Costa Rica publicó en su edición de este jueves que el Contencioso Administrativo ordenó suspender los decretos ejecutivos que ordenan la restricción vehicular sanitaria.
La acción se da luego de que la institución acogiera parcialmente con lugar una medida cautelar de un grupo de seis alcaldes que se presentó en agosto anterior.
Los líderes municipales presentaron una acción el pasado 10 de agosto cuestionando las medidas que se dieron durante ese mes, sin embargo, en su redacción, el juez Alcevith Godínez Prado, no especificó el periodo.
Para la parte recurrente, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la suspensión de los efectos de los decretos ejecutivos Nº 42524-MOPT-S y Nº42525-MOPT-S.
JUSTIFICAN DECISIÓN
Desde Casa Presidencial indicaron que no se puede dejar al Ministerio de Salud sin una herramienta que está basada en las investigaciones científicas.
Según el Ejecutivo, la restricción vehicular sanitaria tiene como finalidad tender un cerco sanitario a un virus contagioso.
“Salva vidas porque ayuda a disminuir las probabilidades de contagio. Estudios científicos recientes comprueban que la reducción de la movilidad se relaciona con la disminución de la incidencia porque el virus viaja con las personas. Esta herramienta sanitaria ha afinado durante estos meses para minimizar la afectación sobre la actividad productiva. En este momento, existen 18 excepciones a la restricción vehicular sanitaria de tal forma que, si uno tiene una necesidad imperativa de movilización muy justificada, eso incluye desde ir a trabajar hasta ir al supermercado”, expresaron desde Casa Presidencial.
Desde Casa Presidencial enfatizaron que la decisión judicial cerca de la restricción es un fallo que aún no está en firme. La medida de la restricción vehicular sanitaria se empezó a implementar desde el 24 de marzo anterior.
SIN RESPUESTA
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, explicó que desde el 13 de octubre anterior envió una serie de consultas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Ministerio de Salud, y que a la fecha no le contestan.
Crespo indicó que existe un incumplimiento de ambos ministerios de efectuar lo que corresponde.
La información que aún no le responden a la jerarca de los Habitantes se encuentra el criterio empleado para mantener las limitaciones sobre el uso de vehículos.
Según la jerarca, en virtud de lo establecido por la Ley de la Defensoría de los Habitantes se le previene que la presentación del informe respectivo dentro de los próximos cinco días hábiles.
Mientras tanto, la diputada Floria Segreda del Partido Restauración Nacional (PRN), manifestó que se le ponga fin a la restricción vehicular sanitaria.
La congresista enfatizó que la petición es sustentada en que el Tribunal Contencioso Administrativo determinó que la restricción vehicular sanitaria incrementa el riesgo de contagio.
AUTORIDADES OPINAN
Catalina Crespo
Defensora de los Habitantes
“Entiendo las múltiples actividades a las que se enfrentan por la situación actual, pero se le informa y se le previene sobre lo que establece la ley en caso de incumplimiento de responder a las solicitudes que realice este órgano defensor”.
Floria Segreda
PRN
“Desde hace varios meses he cuestionado esta medida del gobierno que pocos efectos ha tenido en la contención de la pandemia, pero que ha afectado severamente la economía de las familias costarricenses. El martillo aplicado, sin sentido común y sin estudios técnicos, en esta época de pandemia solo sirvió para golpear las finanzas de los costarricenses”.