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El Gobierno tramita un préstamo de $700 millones para atender “daños por lluvias” y otros desastres naturales.
El crédito, tramitado bajo el expediente 23.635 y ya en manos de los diputados, sería con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En concreto, la propuesta señala que los recursos financiarían el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri)”
“(La CNE) ejecutará los proyectos amparados en los decretos de emergencia que sustentan el Programa”, señala el texto de ley.
Al tratarse de un endeudamiento del Gobierno de la República, el desembolso se realizará por el mecanismo de Caja Única del Estado. Es decir, Hacienda será quién eventualmente reciba y gire los recursos a las instituciones.
“Este financiamiento con el BCIE es de gran relevancia dada la necesidad de recursos para la inversión pública (…) De no financiar el Programa con recursos BCIE, se tendría que recurrir al mercado interno, cuyos recursos son más onerosos, generando una mayor presión al alza de las tasas de interés, desfavoreciendo la inversión pública y privada, afectando la reactivación económica y la generación de empleo”, indica el texto suscrito por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
¿PARA QUÉ?
El préstamo tendría el objetivo de “reconstruir, construir o mejorar la infraestructura vial en sitios vulnerables en carreteras” además de “rehabilitar o sustituir puentes en estado deficiente”.
Además, se pretende “proveer de vivienda digna a personas damnificadas por eventos meteorológicos” y “reparar o sustituir espacios educativos afectados por emergencia o riesgo”.
Finalmente, se rehabilitarían puentes, vías y un túnel de la infraestructura ferroviaria de la línea Limón-Moín-Leesville, un ramal del Valle La Estrella, y el tren de pasajeros de la Gran Área Metropolitana (GAM).
EL QUEQUE
El expediente indica que, del total, unos $26,628 millones se irían para preinversión de proyectos que aún no cuentan con diseños.
Además, dentro de ese componente se van a financiar preinversiones relacionadas con temas ambientales y sociales.
Por otra parte, unos $566,336 millones se destinarían para el financiamiento de infraestructura de los cinco organismos ejecutores.
Con esos recursos, se atenderían las consecuencias en estructuras provocadas por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el huracán Julia. Además, se incluye la reparación de obras por eventuales catástrofes.
Otros $40,034 millones serían para “seguimiento diario en campo” y $45 millones más para la cobertura de posibles imprevistos relacionados a la ejecución del programa, así como cambios en los precios de los principales insumos (materiales, mano de obra, equipo y herramientas)
Con $20 millones se contratarían cinco firmas de implementación (FI) que gerencien los proyectos de infraestructura y finalmente, se presupuestaron $2 millones para una auditoría externa financiera.
¿QUIÉNES MANEJAN LA PLATA?
Según el texto de ley, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) será el organismo ejecutor de los fondos.
Además, para ejecutar los recursos, se contará con el apoyo del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Además, el Mivah podrá tener como organismos coejecutores al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), según corresponda.