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Las instituciones señaladas por la Sala Constitucional tras la orden de ejecutar acciones urgentes en Crucitas defendieron las medidas que ya implementan y coincidieron en la necesidad de fortalecer la respuesta ante la minería ilegal en la zona.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública, el viceministro Eric Lacayo aseguró que la presencia policial ha sido constante, aunque reconoció la complejidad del fenómeno.
“El primer elemento que la sala nos indica es el mantener presencia policial en este sector, situación que hemos realizado como ha sido manifiesto ya desde hace varios años atrás, a sabiendas de que es un fenómeno constante, complejo y variante, se han tomado acciones diferentes como la obstrucción a través del uso de explosivos de ciertos agujeros o espacios que han utilizado para extraer material minero”, afirmó.
Añadió que se han ejecutado acciones como la destrucción de puntos de extracción ilegal y operativos con apoyo aéreo y tecnológico.
“Es un tema que nos afecta a todos y por lo tanto debemos atenderlo de manera conjunta”, enfatizó.
Consultado el Minae por Grupo Extra, indicaron que el Ministerio de Seguridad Pública es el que se estaría refiriendo al asunto.
Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, sostuvo que la resolución no implica nuevas obligaciones para esa cartera, sino que valida el trabajo realizado.
“La reciente resolución de la Sala Constitucional sobre Crucitas no impone nuevas obligaciones al Ministerio de Salud. Más bien reconoce y respalda ahora ya con un carácter judicial las acciones que nosotros hemos venido ejecutando de una manera responsable y sostenida, obviamente dentro de nuestras competencias”, indicó.
Además, subrayó que las acciones en la zona llevan años en ejecución.
“El trabajo no empezó hoy ni responde a una orden judicial, ya se estaba haciendo, pero este fallo también deja algo claro. El país no puede seguir atendiendo una problemática únicamente con medidas paliativas, hoy estamos destinando importantes recursos públicos para sostener una situación que no tiene una solución de fondo”, agregó.
En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la entidad destacó que mantiene el suministro de agua potable desde 2023 mediante camiones cisterna y sistemas de almacenamiento, mientras avanza en un proyecto integral para las comunidades afectadas, con una inversión superior a los ¢11.300 millones.