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El Régimen No Contributivo (RNC) recibiría ¢90 mil millones en el presupuesto de 2027, una reducción de ¢83 mil millones, equivalente a una disminución del 48% respecto al monto contemplado en la Ley de Presupuesto de 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) advierte que el recorte tendría un impacto en las finanzas del régimen que atiende a la población adulta mayor en condición de pobreza.
“Ante esto, la CCSS señala que se podrían generar presiones sobre la sostenibilidad financiera y operativa del régimen, afectando la capacidad institucional para atender oportunamente las obligaciones proyectadas y las metas vinculadas al otorgamiento de nuevas prestaciones durante el ejercicio 2027”, indica la CGR en su informe de análisis del presupuesto del próximo año.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estimó que para atender las necesidades del RNC se requerían recursos adicionales por ¢236 mil millones. Dicha cifra supera en ¢146 mil millones el monto asignado, lo que representa un 61,9% de los recursos calculados por la institución para el RNC durante 2027.
La Contraloría agrega que durante 2025 se ejecutaron más de ¢204 mil millones en este programa, atendiendo a cerca de 158 mil personas. Además, la lista de espera para una pensión de este régimen, por un monto cercano a ¢82 mil, supera las 30 mil personas.
“Dicha disminución en la asignación pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030, el cual tiene como meta para el 2027 adjudicar 5 mil nuevas pensiones del RNC a los ciudadanos en situación de pobreza, dando prioridad al adulto mayor y en función de los recursos previstos por ley”, agrega el ente contralor.
El faltante no se limita al régimen de pensiones. En el conjunto de transferencias destinadas a la CCSS, Hacienda incorporó alrededor del 73% de los recursos solicitados por la institución para 2027, para un total de ¢1,16 billones. La diferencia entre lo requerido y lo incluido alcanza ¢418 mil millones.
De ese monto, ¢242 mil millones corresponden al Seguro de Salud, ¢146 mil millones al Régimen No Contributivo y ¢30 mil millones al Seguro de Pensiones.
En el Seguro de Salud, una de las principales diferencias corresponde al financiamiento de personas aseguradas por cuenta del Estado, leyes especiales y el Código de la Niñez y la Adolescencia, para el cual se incorporó únicamente el 19,5% de lo solicitado.
También existe una diferencia en la cuota complementaria de los trabajadores independientes, pues el proyecto contempla el 54,8% del monto estimado por la CCSS. En el Seguro de Pensiones, el principal faltante se ubica en la cuota estatal.
“Al respecto, la CCSS señala que las diferencias en el financiamiento incrementan la deuda del Estado con la seguridad social, lo cual podría generar la necesidad de destinar recursos corrientes del aseguramiento contributivo para cubrir parcialmente las necesidades de esta población, ejerciendo presión sobre la sostenibilidad financiera y las reservas institucionales del Seguro de Salud en el corto y mediano plazo”, explica la Contraloría.
La situación se relaciona con una modificación en la distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Para 2027, el Ministerio de Hacienda cambió el destino relativo del 19,3% de los recursos del fondo frente al presupuesto ordinario de 2026, lo que genera una recomposición de las asignaciones entre los programas financiados con esos recursos.
Entre los programas afectados se encuentran las transferencias vinculadas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), cuyo presupuesto contempla ¢141 mil millones, ¢45 mil millones menos que lo ejecutado al cierre de 2025, con la principal reducción concentrada en las Becas Avancemos.
Para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la asignación resulta ¢17 mil millones inferior a lo devengado en 2025, con una afectación principalmente en los recursos para la protección integral de las personas menores de edad.
“Según la exposición de motivos, dichas rebajas en los recursos de Fodesaf se explican por un aumento de ¢160 mil millones de los recursos destinados al seguro de salud de las personas indigentes en el presupuesto del Ministerio de Salud, lo que limitó la disponibilidad de recursos de Fodesaf para realizar asignaciones adicionales más allá de los montos establecidos en la ley”, menciona el documento.
En cuanto a las obligaciones acumuladas del Estado, el informe registra saldos pendientes relacionados con la institución. La información citada por la Contraloría señala un saldo de ¢4,46 billones correspondiente a obligaciones con los seguros de Salud (SEM) e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Además, permanecen pendientes transferencias de ¢14 mil millones asociadas al RNC y ¢196 mil millones a Fodesaf. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en sus Estados Financieros, solo registra un pasivo por ¢186 mil millones, lo que representa apenas el 4% del monto total que cobra la CCSS.
Además, la Contraloría indica que no se observan, en el presupuesto, recursos destinados a abonar la deuda ni nuevos convenios, aparte del firmado en el 2003, bajo el cual se depositaron ¢513 millones en el 2025.
“Por lo tanto, para garantizar la sostenibilidad del sistema, se deben tomar acciones para abordar la problemática que se presenta principalmente en el modelo de financiamiento subsidiado y asegurar que todas las necesidades en materia de la salud, pensiones contributivas y no contributivas, cuenten con los recursos anuales para su desarrollo en términos de oportunidad, calidad y sostenibilidad”, concluye el ente contralor.