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El Gobierno de la República recibiría los recursos del tren eléctrico hasta el 2026, según indicaron representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa recibió en audiencia a Álvaro Gutiérrez, ejecutivo de negocios, y a Mauricio Chacón, oficial Jefe de País del BCIE.
La audiencia tuvo como finalidad justificar el préstamo por $550 millones que la institución entregó al Gobierno de Costa Rica para financiar el polémico tren eléctrico.
Chacón expuso que las propuestas del BCIE tienen como finalidad apoyar las iniciativas regionales y nacionales que representan proyectos de gran envergadura.
El préstamo solamente cubrirá una tercera parte del costo total del ambicioso proyecto, el cual ronda unos $1.550 millones.
El gobierno pretende que la Asamblea Legislativa amarre el crédito para poder ejecutar el proyecto y las arcas del Estado estarían recibiendo dichos montos hasta que el proyecto se ponga en operación.
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
Los representantes del BCIE manifestaron que el monto del préstamo funciona como un aporte relevante para la consecución del proyecto.
Dijeron que la mayor parte de la inversión será atraída por la empresa en donde se potenciará una inyección de capital por $1.000 millones.
Con respecto a la comisión de compromiso, el jefe de País del BCIE afirmó que es la que está incluida en los préstamos de inversión.
Añadió que se desembolsarán los recursos del préstamo hasta que el tren entre en operación con el propósito de mitigar los riesgos constructivos.
Indicaron que el periodo de gracia comenzaría en 2026 y que sería hasta el 2031 cuando se dé el repago principal del préstamo.
De acuerdo con el BCIE, los desembolsos se realizarán $150 millones para la puesta en operación de la primera línea, $150 millones para una segunda línea, $150 millones para una tercera línea, $45 millones para las extensiones que se prevén en las tres primeras líneas y $55 millones como reserva de que el proyecto se va a concretar.
AVANCES
El oficial Jefe de País del BCIE expuso que el primer estudio se realizó a través de la cooperación de recursos para la contratación de un estudio de prefactibilidad en 2016, a través del cual se efectuaron los análisis iniciales de demanda, costos de inversión y estudios socioeconómicos para el proyecto.
Además, mencionó una cooperación financiera de parte del BCIE al análisis de estrategia de la transacción en 2017, en el cual se efectuó un estudio de marco normativo y legal de la ejecución del proyecto.
Por último, se refirió a las acciones en 2019, donde se concretó el estudio de factibilidad, el cual fue financiado a través de una cooperación no reembolsable de parte del BCIE para que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) contratara a la firma IDOM.
CONSULTAS
La diputada Paola Valladares del Partido Liberación Nacional (PLN) quiso saber los criterios que toma el BCIE para seleccionar ese proyecto para Costa Rica, tomando en cuenta una compleja coyuntura fiscal.
Valladares también quiso saber si con la cobertura del 30% del costo total del proyecto, el país contará con la capacidad de sostenerlo en el tiempo.
Mauricio Chacón, oficial Jefe de País del BCIE, dijo que el análisis realizado fue extensivo donde se requirió mucha información en diferentes procesos.
Añadió que se hicieron comparación con otros proyectos similares, pero no de la región centroamericana porque ninguno tiene características de las que se pretenden hacer.
Asimismo, indicó que se consideraron tres variables, las cuales fueron el análisis ambiental y social, así como la necesidad de entender la materia de los componentes del proyecto en comparación con otros proyectos similares.
La diputada Carmen Chan del bloque Nueva República hizo hincapié sobre los controles para evitar posibles conflictos de intereses, así como el tipo de normativas de transparencia que contempla el contrato del crédito.
El representante del BCIE enfatizó que la política y normas de adquisición del banco son bastante explícitas en los procesos de contratación y que cualquiera de los contratos con financiamientos del BCIE debe ser analizado y cumplir con los procesos de contratación que el banco establece.
ESTUDIOS Y GARANTÍA
Desde el BCIE sostuvieron que el financiamiento sobre los estudios de factibilidad tuvo un costo de $156.000.
Luis Fernando Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), mencionó su inquietud en relación a que el proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa establece que el préstamo está garantizado por la garantía soberana.
Dicha garantía soberana se encuentra respaldada con un tema de origen de destino y con los que se irán a destinar el pago de los recursos.
Manifestó que si dentro de los estudios de prefactibilidad fue suficiente la garantía soberana y de dónde la tendrá el Estado.
Mauricio Chacón, oficial Jefe de País del BCIE, consideró la urgencia de que es fundamental que la Unidad Ejecutora tenga los recursos para hacer los análisis correspondientes.
Chacón apuntó que apuestan a que Costa Rica supere los obstáculos del tren y cuente con los elementos suficientes para hacer frente a este proyecto en cuestión.
Apuntó que de la entrada de operación por cinco años se pagan intereses sobre el monto desembolsado y que a partir de la finalización del periodo arranca el repago.
Es decir, de los 0 a 5 años no hay desembolsos, a partir de los desembolsos se pagarán intereses y cuando termine el periodo de gracia arrancará el periodo del pago principal del préstamo.
El diputado Jonathan Prendas criticó que los encargados de desarrollar el proyecto olvidaron calcular los desniveles, los puentes y otra infraestructura vital.
Prendas manifestó que esto pone en duda que los costos del tren sean los correctos y que se encuentran debidamente respaldados.