La fracción de gobierno busca quitar lo que calificaron como “privilegios” en materia de pensiones tanto al Poder Judicial como al Magisterio Nacional. Así lo establece el proyecto de ley 23.733.
Este pretende unificar el aporte del Estado a los regímenes básicos de pensiones por igual y aseguran que la iniciativa cuenta con el soporte técnico de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Del texto, al que la diputada Pilar Cisneros dijo darán prioridad, se extrae que hay diferencias medulares entre los regímenes básicos de pensiones, en relación con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), generando un compromiso creciente para el Estado.
Hacen referencia a que se profundiza la obligación del Estado como patrono en contribuir con porcentajes elevados respecto al IVM, todo para evitar la desfinanciación de estos regímenes al pagar los “privilegios apuntados”, generándose un esfuerzo contributivo patronal estatal mucho mayor.
“Con solo analizar la diferencia que existe en las aportaciones que el mismo Estado realiza -como patrono- al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio (RCC) y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FPJ), salta a la vista la necesidad de equiparar estas cotizaciones”, establece la propuesta.
A manera de ejemplo, mencionan que mientras en el Régimen del IVM el Estado aporta en su condición de patrono un 5,42% (pronto 5,58%) como cotización para el seguro de sus trabajadores, en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio, el aporte se eleva a un 6,75%, y al 14,36% en el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
“Evidentemente, se trata de una sustancial diferencia en la aportación patronal que debe asumir el Estado favoreciéndose solamente a dos regímenes especiales muy por encima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, dice el texto.
Resaltan que la propuesta de reforma pretende abrir el debate en la Asamblea Legislativa en torno a este tema con el propósito de motivar, entre los distintos actores políticos, la necesidad de encontrar un correctivo unificador.
Hablan de cotizaciones disímiles y de una discriminación hacia todos aquellos empleados públicos, que no trabajen para el Poder Judicial o el Magisterio Nacional.